El Parlamento enviará a la Fiscalía sus conclusiones sobre la Cidade da Cultura

PP, PSdeG y BNG mostraron ayer los argumentos que defenderán en el debate final de las conclusiones de la comisión que a lo largo de cuatro meses ha investigado la gestión de la Cidade da Cultura. Unos argumentos diametralmente opuestos que hacen prácticamente imposible alcanzar un acuerdo y que obligarán al Parlamento a aprobar un dictamen por mayoría que, previsiblemente, será el que ya han negociado el PSdeG y el BNG.

El informe pactado por socialistas y nacionalistas recoge y desarrolla, a lo largo de más de 40 páginas, la práctica totalidad de las conclusiones de la auditoría del Consello de Contas, que dio pie a la investigación parlamentaria. El proyecto de dictamen sintetiza en 12 puntos un juicio demoledor de la gestión del Gobierno de Manuel Fraga en relación con el proyecto.

Juicio demoledor a la gestión del proyecto por el Gobierno de Fraga

El informe señala deficiencias en contratos y adjudicaciones

Tras escuchar a los más de 30 comparecientes citados por la comisión de investigación y examinar los miles de documentos remitidos por la Xunta al Parlamento, PSdeG y BNG han decidido recomendar el envío del dictamen al Ministerio Fiscal, por si de su contenido se dedujese algún indicio de delito en la actuación de los últimos gobiernos del PP.

El documento en cuestión señala, entre otras cosas, las deficiencias de contratos y adjudicaciones relacionadas con el proyecto, así como el vínculo establecido por la fundación con empresas en cuyos órganos directivos figuran ex altos cargos de la Xunta.

Las recomendaciones propuestas por PSdeG y BNG incluyen la solicitud de copia de todas las declaraciones de bienes patrimoniales realizadas por el ex conselleiro de Cultura Jesús Pérez Varela en los registros correspondientes de la Xunta. También en relación con este ex miembro del Gobierno de Manuel Fraga, el documento en cuestión incluye una petición expresa a la Compañía de Radio Televisión de Galicia (CRTVG) para que investigue si el que fuera titular de Cultura, que en la actualidad es miembros del Consejo de Administración del ente que gestiona la televisión y la radio autonómicas, está incurso en alguna clase de incompatibilidad en su calidad de administrador de una empresa dedicada, entre otras cosas, a la gestión de patrocinios.

Además de las referencias a la Fiscalía y a Pérez Varela, las recomendaciones incluyen propuestas destinadas a dificultar la reproducción, en el futuro, de irregularidades como las detectadas en la gestión de la Cidade da Cultura.

El documento propone medidas que aseguren la transparencia y el control en la realización de concursos arquitectónicos y una regulación de los Gobiernos en funciones para que no puedan tomar decisiones que comprometan la gestión de sus sucesores.

También recomienda una nueva regulación de las fundaciones y entes instrumentales de la Xunta para garantizar su control económico y financiero, así como que la planificación de grandes obras e infraestructuras públicas se lleve a cabo "cumpliendo de forma rigurosa los procedimientos establecidos en la legislación vigente".

El informe atribuye "a un sueño" del ex presidente Manuel Fraga, tal y como él mismo reconoció en su comparecencia en la comisión de investigación, la génesis de todo el proyecto, que se llevó a cabo de forma opaca, sin nada que justificase su necesidad.

"Un sueño del entonces presidente que no fue fruto de ningún proceso racional de estudio, reflexión y participación", que fue creciendo "impulsado por directrices políticas y partidarias carentes de racionalidad económica y administrativa, en especial a partir de las elecciones de 2001".La propuesta de socialistas y nacionalistas salió ayer de la ponencia sin el apoyo del PP, que ahora tratará de hacer valer sus puntos de vista a través de las enmiendas que presentarán en la comisión y presumiblemente también en el pleno del Parlamento. Los populares sostienen en su propuesta de conclusiones la limpieza de la gestión de los gobiernos del PP y tratan de apoyarla en que el informe del Consello de Contas no fijó responsabilidades contables ni penales.

El documento del PP no deduce ninguna conclusión de las numerosas irregularidades establecidas por el Consello de Contas. Lo más parecido a una autocrítica que figura en su propuesta de dictamen es un párrafo de cuatro líneas que reconoce que se produjo "un incremento de la cantidad calculada como inversión", que "debería haber sido calculada de forma más exacta".

El PP no ve nada malo en su gestión, pero sí en la de sus sucesores, aunque, paradójicamente, el dictamen que han redactado no propone remitir las conclusiones a la Fiscalía, a pesar de que hace acusaciones contra la Xunta actual mucho más graves que las que PSdeG y BNG dirigen al Gobierno anterior.

La formación que dirige Alberto Núñez Feijóo sólo propone que el Consello de Contas examine la gestión de la Cidade da Cultura desde el cambio de Gobierno, a pesar de afirmar que la Xunta la está utilizando "para crear una red clientelar contratando personas por razones ideológicas y de amistad" y adjudicando contratos a empresas "por proximidad política", todo ello con "el beneplácito del presidente Emilio Pérez Touriño". Este Gobierno, sostiene, infringe la normativa de contratación y desatiende los principios de publicidad y libre concurrencia.

Estas actuaciones, afirma el PP, tienen por único fin "convertir la Cidade da Cultura en una entidad de propaganda ideológica de la concepción cultural del Gobierno, en un instrumento creador de empleo para afiliados y simpatizantes y generador de trabajo para determinado tipo de empresas".

El PP afirma sin rodeos que el actual Gobierno "infringe sistemáticamente la ley" de forma "deliberada y consciente". Y, parafraseando uno de los principales reproches que el Consello de Contas hacía a la gestión de la Xunta durante el mandato del PP, aseguran que "existe una evidente abdicación de las responsabilidades de gestión correcta de los fondos públicos por parte de los actuales responsables políticos de la Cidade da Cultura".

El documento que defienden los populares va más allá de la gestión de la Xunta y extiende sus acusaciones al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, al que responsabiliza de haber interferido en el trabajo de redefinición de los contenidos con "una decisión irreflexiva" que constituyó "una muestra de frivolidad política". "La interferencia de Zapatero en la Cidade da Cultura", explica el PP, tiene por objeto "ocultar su política de paralización de las inversiones del Estado en infraestructuras y en el AVE".

Fondos y sanciones

A modo de conclusión final, el dictamen del PP recomienda sancionar a los conselleiros que oculten información al Parlamento o no remitan la documentación que se les solicite de las comisiones. También reclaman medidas legislativas para sancionar a la Xunta cuando no atienda los criterios de la Intervención General y solicita al Gobierno que sea más estricto en la selección del personal para puestos directivos en la Fundación Cidade da Cultura.

El PP reclama que la Xunta remita al Parlamento un informe sobre los nuevos contenidos, usos y proyectos de la Cidade da Cultura, así como sobre los costes derivados de la paralización de las obras durante el tiempo que el Gobierno dedicó a redefinir el complejo de edificios.

Por último, el PP pide que todos los partidos incluyan en sus programas electorales una petición de fondos estatales para el proyecto y sugiere que algunos conselleiros del actual Gobierno han incumplido la ley de incompatibilidades.