El fiscal reactiva la solicitud de extradición de etarras

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha activado la primera parte de un plan dirigido a acosar a ETA en todos los frentes y no sólo al aparato militar, el político o el de la kale borroka, sino también el de los presos y especialmente el de los deportados. La estrategia tiene la finalidad de que la banda sienta la presión policial y judicial en sus activistas, pero que además se sienta presionada desde dentro por los históricos que se creían a salvo en diversos países y a los que se ha localizado y se ha ordenado detener.

La lista inicial afecta a 15 terroristas, aunque sólo 13 han sido arrestados porque para dos de ellos los delitos que cometieron han prescrito. El plan prevé reclamar a un centenar de etarras que se encontraban en búsqueda y captura por delitos graves, en su mayoría, asesinatos, cometidos en los ochenta y noventa. La policía los ha localizado en diferentes países y la Fiscalía, tras comprobar que las órdenes de detención seguían activas, aunque algunas a punto de prescribir, ha decidido reactivarlas para pedir la extradición y que los delitos no queden impunes. El mayor número de etarras se encuentra en Francia, alrededor de 50, pero los hay también en México, entre 25 y 30; Venezuela, unos 10 o 12; Uruguay, Cuba o Cabo Verde.

La lista inicial afecta a 10 etarras localizados en Francia y otros tres en Cabo Verde, implicados en unos 35 procesos pendientes en la Audiencia Nacional. Precisamente, uno de los problemas planteados es que los de Cabo Verde, antiguos miembros del comando Vizcaya, por el tiempo transcurrido, han adquirido la nacionalidad caboverdiana y su extradición se complica. Sin embargo, las autoridades españolas han suscrito un convenio con el país africano, que está a punto de ser publicado en el Boletín Oficial del Estado, para que se pueda entregar a ciudadanos extranjeros que se hayan naturalizado, por lo que el obstáculo parece resuelto y en pocos meses la entrega de los reclamados podría producirse.

Respecto a los localizados en Francia, la operación está en pleno apogeo y ya han sido detenidos algunos presuntos terroristas, entre ellos Juan Carlos Iriarte y Pedro Goikoetxea Lertxundi. Iriarte perteneció presuntamente al comando Leizarán de ETA, y fue detenido en San Sebastián (Guipúzcoa) en 1992. Sin embargo, fue condenado por colaboración con banda armada y, tras cumplir tres años de prisión preventiva, en 1995 fue puesto en libertad al haber recurrido su condena al Tribunal Supremo y haber cumplido la mitad de la pena. Ese año huyó a Francia, donde fue detenido en octubre en un control rutinario de tráfico. En 2007 se le implicó en la red del cobro del impuesto revolucionario.

La operación, a pesar de la extraordinaria colaboración de las autoridades judiciales francesas, ha tenido ya algunas dificultades, como la oposición de la fiscalía francesa a que se entregue a Concepción Iglesias Álvarez, la novia del que fuera máximo dirigente del aparato militar de la banda José Javier Arizkuren Ruiz, Kantauri. Los franceses la han dejado en libertad y se oponen a la entrega de Iglesias por considerar que ya cumplió en Francia una condena por asociación de malhechores con fines terroristas, equivalente en España a la pertenencia a organización terrorista. Sin embargo, la Fiscalía de la Audiencia pretende enjuiciarla por su presunta participación en el atentado frustrado contra el Rey en Palma de Mallorca, en 1995.

Respecto a la presión sobre los presos etarras, la medida depende más del Ministerio del Interior, del que depende la Dirección General de Instituciones Penitenciarias. No obstante, la Fiscalía está decidida a aplicar una política de flexibilidad cero, que consistirá en informar negativamente cualquier petición de libertad de los terroristas presos o de sustituir la prisión por otras medidas cautelares menos gravosas. La medida afectaría incluso a los terceros grados por motivos de salud.