La reforma bloqueada

Los aniversarios del referéndum constitucional se celebraron durante años en un clima de entendimiento que reproducía el consenso de la transición. La obcecada resistencia de la Conferencia Episcopal a tolerar que la festividad religiosa de la Inmaculada Concepción fuese día laborable (otra huella del viejo Estado confesional que las visitas de la vicepresidenta al Vaticano no parecen sino remozar) ha producido el paradójico efecto de que la secularizada sociedad española asocie la conmemoración de la Constitución de 1978 con un fastuoso puente o acueducto.

Los desacuerdos entre los dos grandes partidos de ámbito estatal sobre la eventual reforma parcial del texto constitucional -sólo modificado en 1992 para adaptar el artículo 13.2 a las exigencias de la Unión Europea- trajeron los primeros nubarrones. Tras la llegada al Gobierno, Aznar se retractó de sus anteriores pronunciamientos en favor de la revisión del artículo 69 (regulador del Senado) y proclamó la sagrada intangibilidad de la Constitución de 1978; como consejero de Estado -cargo del que se vería obligado luego a dimitir por su vinculación con el Grupo Murdoch- se opuso a la reforma de cuatro puntos sugerida por el Gobierno.

Veintinueve años después de aprobada la Constitución, el desacuerdo entre PSOE y PP impide su revisión

La trayectoria de los populares en esta materia resulta desconcertante. Sólo la mitad de sus diputados dieron en octubre de 1978 el sí a la Constitución; el partido entero -con el actual presidente-fundador del PP al frente- enarboló a renglón seguido la bandera de la revisión constitucional, como hiciera la CEDA de Gil Robles con la Constitución de 1931. José María Aznar incluso se solidarizó con la "abstención beligerante" en el referéndum del 6 de diciembre de 1978 y calificó al Estado de las autonomías de "charlotada intolerable".

La contradictoria historia de amor y odio hacia la reforma constitucional vivida por el PP sigue su agitado curso. Después de negarse a discutir durante esta legislatura la modesta actualización propuesta por el Gobierno (la supresión de la preferencia de varón en la sucesión al trono, la recepción del proceso de construcción europea, la inclusión de la denominación de las comunidades autónomas y la reforma del Senado), Rajoy acaba de franquear de par en par las puertas al revisionismo, abiertas ya generosamente por la conferencia política del PP sobre el modelo de Estado de diciembre de 2006.

El presidente del PP enriquece ahora todavía más el listado de las iniciativas: desde la necesidad de mayorías cualificadas para determinadas leyes hasta el mandato vitalicio de los magistrados del Constitucional, pasando por el carácter intransferible de las competencias estatales. Puesto que el indispensable apoyo de los socialistas a los populares para reunir el elevado quórum parlamentario (2/3 o 3/5 de las Cámaras) exigido para la reforma resulta improbable, el arrebato maximalista del PP parece otra estrategia de bloqueo: o calvo como Aznar o con tres pelucas como Rajoy, el gesto es idéntico. -