La autoestima de los jueces

La mejor manera, por no decir la única, de garantizar la independencia del poder judicial está en la autoestima de los jueces. Si se quiere decir en términos más clásicos, en su sentido de la responsabilidad. Poco importa quién y cómo los nombra si una vez ocupado el puesto actúan con sentido propio, pensando y decidiendo por sí mismos, que es lo que les exige la función. Desde tiempos de La Boètie sabemos perfectamente la capacidad de servidumbre que genera la lógica piramidal del poder. Y hemos acabado aceptando como algo lógico que las personas nombradas para un cargo o responsabilidad se sientan deudoras de quien les llevó hasta ahí. Desgraciadamente, muy a menudo, los hechos confirman este prejuicio. Pero esta realidad demuestra que la gente tiene muy poco aprecio por sí misma o, dicho sin ambages, que el precio de la sumisión es muy barato. Afortunadamente, de vez en cuando hay signos de lo contrario. Y merece la pena señalarlo, porque debería ser la regla, aunque a menudo parezca la excepción.

La reacción de autoestima de los magistrados del Constitucional respondiendo al acoso al que el PP les lleva sometiendo desde toda la legislatura abre una brecha a la esperanza de que la politización de la justicia tiene arreglo. Al tiempo que frena la cadena catastrófica que se inició con la recusación de Pérez Tremps. Recusar a unos magistrados sin otra prueba que un recorte de periódico, como ha hecho el PP, es un acto de humillación para los miembros del tribunal destinatario del recurso que ha acabado con la paciencia de éstos. Y los magistrados no se han andado con remilgos. Según ellos, el PP ha hecho "un intento de abuso de derecho y fraude procesal" y su comisionado Ignacio Astarloa, una persona que durante esta legislatura ha dilapidado su reputación al servicio de las consignas del aznarismo, ha hecho "un uso indebido de un instituto tan importante como es la recusación". Aunque el Tribunal Constitucional sea una institución que queda al margen de la jurisdicción, es innegable que esta respuesta adquiere un valor especial para poner freno a la estrategia incesante del PP de tratar de ganar en el ámbito judicial lo que fue incapaz de conseguir en las urnas y en el Parlamento.

La próxima legislatura se anuncia, caso de que el PSOE repita gobierno, como de importantes reformas en el poder judicial. La hipervisibilidad de un órgano estrictamente administrativo, como es el Consejo General del Poder Judicial, ha ido deformando la imagen de lo que significa la justicia en un sistema democrático de división de poderes. Y habrá que volver al principio. Y el principio dice que el poder judicial no está en el Consejo General, sino en cada uno de los jueces que ejercen, y deben ejercer con independencia absoluta, la jurisdicción. El Consejo es simplemente un órgano administrativo y disciplinario, encargado de asegurar el buen funcionamiento de la justicia. Ni más, ni menos. Y para colocarlo en su justo lugar hay que encontrar fórmulas que optimicen la función y minimicen un efecto representativo de la justicia que no le corresponde. La cúspide del poder judicial no es el Consejo, sino el Tribunal Supremo, cuyas sentencias dictan jurisprudencia para todos. El Consejo como órgano administrativo debería tener una composición mixta de responsables políticos y jueces que diera clara transparencia a su relación con la política. La forma actual en que la política se cuela subrepticiamente en el Consejo General a través de los nombramientos tiene todos los defectos de una politización encubierta y de una falta absoluta de claridad. Si el poder político estuviese representado en el Consejo junto al poder judicial, la politización se haría a la luz del día: la palabra de los representantes del Ministerio de Justicia constaría en acta, de modo que cada palo tendría que aguantar su vela, y los políticos no podrían recurrir a la llamada telefónica para introducir subrepticiamente sus consignas y debilitar la autoridad de los jueces.

Pero, con o sin modificaciones, la actitud del juez es lo sustancial. Y esta actitud se forja en el proceso de formación, que es, en éste como en otros ámbitos, el momento determinante. La independencia del juez es su razón de ser. Y en el momento actual, los órganos más visibles de la justicia, los que salen en la tele, y en especial el Consejo General del Poder Judicial, son un mal ejemplo de politización que corre el riesgo de que tenga efectos contaminantes hacia abajo. Si el PSOE cree que la reforma de la justicia tiene que ser una de las apuestas principales de la próxima legislatura, sería lógico que anticipara sus intenciones en la campaña electoral. Las reformas por sorpresa siempre son sospechosas. Aunque en última instancia, sólo de la voluntad de los jueces dependerá la verdadera independencia de la justicia. -