El PP desoye a la Fiscalía y reitera que se debe investigar a De la Vega

La estrategia de acoso desatada por el PP de la Comunidad Valenciana contra la vicepresidenta primera del Gobierno y candidata socialista al Congreso por Valencia bordea y, en ocasiones, supera los límites del debate político. Nada queda al margen para erosionar al rival. Ahora también se quiere instrumentalizar a la Fiscalía.

Según Costa, el voto del PP en Valencia sube medio punto en dos meses Rambla asegura que los candidatos del PP defenderán a los valencianos

Esteban González Pons, portavoz del PP en las Cortes y doctor en Derecho, instó el martes al fiscal de Alzira a aplicar el mismo rasero a María Teresa Fernández de la Vega por empadronarse en Beneixida que a Isabel Giménez, alcaldesa de Antella por el PP. Como norma general, los requisitos requeridos para empadronarse en cualquier municipio son tener un domicilio y acreditar la relación de propiedad, arrendamiento o cualquier otra con el mismo.

La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia interpuso una denuncia por un supuesto delito electoral contra la alcaldesa de Antella hace un mes por haber empadronado a cinco personas en su domicilio poco antes de las elecciones municipales. La denuncia sigue a las diligencias que asumió el fiscal de Alzira a raíz de una denuncia del PSPV.

Joaquín Baños, fiscal portavoz, recordó el miércoles que Fernández de la Vega es muy libre de empadronarse donde quiera y se mostró sorprendido por el requerimiento de González Pons, informa Lydia Garrido. "Como experto en Derecho Constitucional, González Pons sabe que Fernández de la Vega es persona aforada por su doble condición de vicepresidenta del Gobierno y diputada y, por lo tanto, solo puede ser objeto de investigación por el Tribunal Supremo", dijo Baños.

Pero si las precisiones del Ministerio Público no casan con la estrategia, el manual requiere hacer oídos sordos. Ayer, Ricardo Costa, vicesecretario general del PP en la Comunidad Valenciana, reiteró punto por punto las declaraciones de González Pons. "El PP lo que ha hecho es pedir a la Fiscalía que investigue el empadronamiento de la vicepresidenta en una explotación agrícola o un polígono industrial en Beneixida y diga si es legal o no", dijo Costa, "sólo pedimos al fiscal que aclare si empadronarse de tapadillo en un sitio donde no vives ni vas a vivir sólo para poder votar, está bien o no lo está, si es o no legal". Una solicitud que deja en mal lugar la presunción de inocencia.

Alfred Boix, secretario de la comisión gestora del PSPV, denunció "la voluntad deliberada de los dirigentes del PPCV de engañar a los ciudadanos" e instó a Costa a "acudir ante el Tribunal Supremo si tiene algo que alegar" contra De la Vega.

El segundo capítulo del manual de acoso incluía un supuesto "pelotazo" urbanístico de parte de la vicepresidenta del Gobierno puesto que la mayor parte de la finca familiar en Beneixida está ocupada en la actualidad por la autovía y un polígono industrial. La vicepresidenta anunció que estudia acciones legales contra "dirigentes" del PP y dijo que "no todo vale en política".

Costa esgrimió "los insultos" que asegura haber recibido de parte de dirigentes socialistas para justificar sus propias acusaciones. Todo ello en una rueda de prensa que también estaba dedicada a la vicepresidenta del Gobierno. Costa presentó los resultados de una encuesta que apuntan un alza de medio punto en la intención de voto favorable al PP en la provincia de Valencia desde el pasado mes de octubre. "Desde la autoproclamación de la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, como candidata socialista el PSOE no ha hecho otra cosa más que perder votos y hundirse", concluyó Costa. Según sus datos, el PP obtendría el 50,8% de los votos en la provincia de Valencia frente a un 38,2% del PSOE. Por escaños, el PP obtendría nueve (uno más que en 2004), el PSOE seis (uno menos) y Esquerra Unida, uno.

Vicente Rambla, vicepresidente del Consell, en otro foro, también aludió lateralmente a De la Vega al indicar que los candidatos del PP al Congreso las próximas generales, que todavía no se conocen, acreditarán "una tradición de valencianía en la defensa de los intereses de la Comunidad Valenciana".