El bipartito mantiene el equilibrio de poder en TVG hasta las autonómicas

El bipartito gallego llegará a las autonómicas de 2009 con el mismo modelo de televisión pública en vigor. La reforma de la ley de creación de la compañía CRTVG queda para el tramo final de la legislatura, de forma que o bien decaiga con la disolución del Parlamento o bien su aplicación corresponda al Gobierno que salga de las próximas elecciones, previstas inicialmente para el primer semestre de 2009, según confirmaron fuentes socialistas y nacionalistas. De esta manera, la Xunta se garantiza llegar al final de su mandato sin tener que introducir cambios en el difícil equilibrio que mantienen los socios de gobierno en la televisión y la radio autonómicas.

El entorno del presidente de la Xunta, Emilio Pérez Touriño, ha descartado encargar a una consultora privada la redacción del borrador de la nueva ley, ante las críticas que esta decisión encontró en el sector nacionalista del Gobierno gallego. En lugar de esta asistencia técnica, se elaborarán informes internos sobre los aspectos clave del articulado. Pero, de momento, no hay un solo papel encima de la mesa, por lo que el proyecto de ley tardará meses en ser redactado y pasar por los controles de los informes preceptivos, antes de ser aprobado por la Xunta para ser remitido al Parlamento gallego.

La reforma de TVG forma parte del pacto de gobierno para la Xunta suscrito por socialistas y nacionalistas. Superada la primera mitad de la legislatura, el Consello aún no ha trasladado a la Cámara autonómica la nueva ley, lo que provocó en septiembre las quejas del portavoz parlamentario del Bloque, Carlos Aymerich, en un contexto de cruce de acusaciones entre nacionalistas y socialistas por la cobertura de TVG de los actos del vicepresidente de la Xunta, el nacionalista Anxo Quintana. La televisión autonómica se convirtió en el centro de la mayor polémica entre los socios, al conocerse las presiones del entorno de Vicepresidencia a los redactores de TVG por las coberturas informativas.

El 2 de octubre, Touriño anunció que la reforma se acometería en 2008, en la única parte improvisada del discurso de dos horas con que abrió el último debate del Estado de la Autonomía. El compromiso del presidente es compatible con la decisión de que la ley o su aplicación queden para la siguiente legislatura. El segundo caso se plasmaría en una disposición transitoria que remitiría la entrada en vigor de la ley al plazo que se considere oportuno. La ley necesitará además un desarrollo reglamentario que demorará su entrada en vigor. Fuentes de la Xunta reconocen que "lo más probable" es que el proyecto se apruebe al final del mandato, con lo cual "se cumpliría el programa electoral", pero sin tiempo a su entrada en vigor con el actual Gobierno de Galicia.

Un obstáculo añadido para la aplicación de la reforma será la necesidad de sumar una mayoría cualificada en el Parlamento para nombrar al nuevo director general, eje principal de la futura ley y única disposición que se da por descontada. Pero además de concretar el nuevo sistema de nombramiento del máximo responsable de televisión y radio autonómicas, que en la actualidad depende del Gobierno gallego, la ley deberá reformular el marco jurídico de la compañía y, previsiblemente, convertirla en una corporación de derecho público.

Entre las novedades que incluirá la reforma está la redefinición de las relaciones entre la corporación y las sociedades que dependen del ente, TVG, SA, y Radio Galega, SA, para hacerlas más operativas desde el punto de vista mercantil. La ley establecerá un marco presupuestario distinto del actual, con el objetivo de imposibilitar el descontrol de sus fondos, y previsiblemente instrumentará la figura del contrato-programa, para determinar los presupuestos en función de los objetivos, a imagen y semejanza de la reforma de Televisión Española emprendida esta legislatura por el Gobierno de Zapatero.