La reforma de TVG queda pendiente para la próxima legislatura

No habrá reforma de la televisión autonómica en la presente legislatura. La Xunta ha decidido dejar pendiente para el siguiente mandato los cambios en el ente autonómico, que presentará entre otras novedades la elección de su director general por una mayoría cualificada del Parlamento, en lugar de por el Gobierno.

La decisión, confirmada en fuentes socialistas y nacionalistas, no supone la paralización del proyecto de ley para modificar el régimen jurídico y estatutario de la futura televisión, que el bipartito quiere dejar atado. PSOE y BNG siguen negociando el nuevo modelo, pero barajan las opciones de aprobar la ley en este mandato y dejar su aplicación para el siguiente, o bien dejar un texto listo para que lo tramite el Gobierno que le suceda.

El aplazamiento permitirá al Ejecutivo de Touriño llegar a la campaña para las próximas autonómicas, previstas inicialmente para el primer semestre de 2009, con el modelo actual, lo que supone la pervivencia del difícil equilibrio que mantienen socialistas y nacionalistas en la radio y la televisión públicas. La reforma de la compañía CRTVG figura entre los compromisos adquiridos por los socios de Gobierno, y fue refrendada por Touriño en su discurso del debate del Estado de la Autonomía. En la única parte de su intervención improvisada, el presidente prometió acometer la nueva ley en 2008.

Si en efecto el proyecto legislativo completase su recorrido parlamentario antes de la disolución de la Cámara autónoma, una disposición transitoria demoraría su entrada en vigor. El Gobierno gallego deberá además completar los cambios con el necesario desarrollo reglamentario de la ley.

El entorno de Touriño, mientras, ha descartado encargar el borrador de la ley a una consultora privada, ante las críticas que esta decisión provocó en la parte nacionalista del Gobierno. En su lugar, se han solicitado informes internos sobre los aspectos clave de la nueva ley. Además del sistema de designación del máximo responsable de la compañía, la reforma cambiará el marco jurídico de la compañía, previsiblemente para convertirla en una corporación de derecho público. La ley redefinirá las relaciones entre la corporación y las sociedades que dependen de ella, para hacerla más operativa desde el punto de vista mercantil.