El fiscal investiga la cesión de la gestión de agua de Cabanes a Marina d'Or
La Fiscalía de Castellón ha decidido abrir diligencias de investigación penal contra el Ayuntamiento de Cabanes por la cesión "ilegal" de la gestión del agua de una parte del término municipal al grupo Marina d'Or. La investigación se inició a raíz de la denuncia presentada por el concejal de EU en el municipio, Carlos Mulet, quien acusó al alcalde, Artemio Siurana, y al resto de concejales del grupo del PP por presuntos delitos contra la administración pública.
Según la denuncia, los concejales del PP aprobaron, "a pesar de la advertencia del secretario municipal", retirar la gestión del suministro del agua a la empresa concesionaria, Facsa, para dársela a la empresa Marina d'Or en todo el ámbito del PAI Torre la Sal de este municipio. La readjudicación del suministro de agua se produjo después de que Facsa remitiera un informe en el que advertía de que, hasta la puesta en marcha de la desaladora prevista para el municipio, no hay recursos hídricos para abastecer a la nueva urbanización. Así, el Ayuntamiento optó por "recontratar" el servicio con la propia ejecutora del programa urbanístico, el grupo Marina d'Or que, según alegó, sí dispone de recursos hídricos.
Antes del pleno, la adjudicataria del suministro de agua, Facsa, presentó un escrito en el que advertía de la "ilegalidad clara y objetiva", pese al que el PP votó a favor de quitarle la concesión y acordar firmar un convenio con Marina d'Or. Para Mulet, "cuando alguien, en función de su cargo y responsabilidad, aprueba de manera determinante una decisión injusta y arbitraria, está cometiendo un delito".
Según el concejal, "toda la precipitación vino por la intención de la empresa de escriturar con los compradores del PAI Torre la Sal en cuestión de semanas, pero como Facsa no estaba por saltase los pasos legales, la empresa optó por cometer un acto de piratería empresarial, quedándose de manera ilegal con la concesión y poder así obtener las licencias de ocupación antes de hora".
La empresa acudió a la vía administrativa para recurrir la decisión municipal, mientras que el edil de EU presentó una denuncia ante fiscalía, que ahora ha abierto una investigación ante la posible comisión de uno o varios presuntos delitos contra la administración pública.
