El empresario Tomás Olivo se enfrenta a diez meses de cárcel

La decisión del empresario murciano Tomás Olivo de no interrumpir las obras de construcción de un muro en una finca privada adyacente al centro comercial Gran Plaza puede costarle diez meses de cárcel.

Es lo que pide la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Almería para el presidente de General de Galerías Comerciales, mercantil propietaria de la superficie comercial ubicada en de Roquetas de Mar (Almería), al considerarle autor de un delito de desobediencia por el que el letrado que representa al agricultor Francisco Martín Sierra, propietario de los terrenos afectados por la obra, ha reclamado para Olivo un año de prisión.

La petición fiscal se produce después de que el 5 de febrero de 2002 el Juzgado número uno de Roquetas de Mar dictase un auto ordenando la suspensión inmediata de las obras realizadas en la finca propiedad de Martín Sierra que, dieciséis meses después, fue confirmado por la sección segunda de la Audiencia Provincial.

La Fiscalía le imputa un delito de desobediencia por no parar la obra

Tal y como consta en el escrito de calificaciones del Ministerio Fiscal, "a pesar de tener conocimiento" de lo dispuesto judicialmente, Tomás Olivo "continuó con la ejecución de las obras hasta su terminación definitiva" mediante la adición en enero de 2004 en el área a retranquear de un bordillo de tipo no remontable formado por piezas de hormigón prefabricado.

Una vez remitido el escrito al Juzgado número dos de Roquetas de Mar, su titular ha dictado un auto en el que se declara apertura de juicio oral en el Juzgado de lo Penal contra el empresario, imputado en los casos Malaya y Nevada por presuntos delitos entre otros de cohecho y contra la ordenación del territorio, al considerar que los hechos relatados por la Fiscalía "revisten caracteres de delito" y que en las actuaciones practicadas hasta la fecha por esta causa "aparecen méritos suficientes para exigir responsabilidad criminal" al promotor del Gran Plaza.

Este litigio arrancó hace ya cerca de seis años, cuando Francisco Martín Sierra denunció que, durante las obras para alzar la superficie comercial, Olivo construyó un muro dentro del perímetro comprendido entre su invernadero y una línea de seis metros contados desde el eje del camino situado en el lindero Este de la finca privada.

Dentro de la maraña judicial que rodea a la superficie comercial, en febrero de este año se dictó una providencia para que General de Galerías Comerciales y el Ayuntamiento de la localidad procediesen en el plazo de un mes al derribo de un muro que, a día de hoy, continúa encajonando literalmente la finca del agricultor.