Las asociaciones de vecinos de Vigo se oponen al 40% de vivienda protegida

El mismo día que acusaban la falta de información sobre los cambios realizados en el plan general de Vigo por sus actuales gestores, del PSdeG, la Federación de Asociaciones de Vecinos, que integra a 33, aprobaba rechazar dichos cambios, que básicamente remiten a la reserva del 43% del suelo urbanizable para vivienda protegida. El rechazo a los cambios fue votado el lunes por 24 asociaciones. Las otras abandonaron la asamblea.

El nuevo obstáculo se atribuye a los "pequeños propietarios"

La concejala de Urbanismo, Carmela Silva, se había reunido el mismo lunes con los representantes de 13 de esas asociaciones, mostrándose "muy satisfecha" de los resultados del encuentro. A estos representantes vecinales les fueron comentados los cambios, introducidos por los mismos técnicos que pusieron en marcha el plan en 1999 y que en las últimas modificaciones aplicaron a todos los ámbitos un criterio común de rentabilidad e igualdad. Nadie expresó en la reunión mayores reticencias. De manera que la posterior "espantada" pilló de sorpresa a los responsables locales de urbanismo.

El teniente de alcalde, Santiago Domínguez, fue ayer el encargado de transmitir este nuevo obstáculo, tras entrevistarse con la presidenta de la federación vecinal, Elena González. "Hay que rebajar los discursos, las pretensiones y lo que haga falta", respondió ayer, en función del consenso, que ahora cobra más interés que el cumplimiento del ya apretado calendario para aprobar el plan en diciembre, como comprometieron los dos socios del gobierno. A Domínguez, que se confesó "preocupado" por los resultados del encuentro, no le importaría retrasar la aprobación "una semana o diez días" si con ello se obtiene el respaldo unánime que persiguen.

"Nuestras posturas y discursos no pueden estar por encima de todos", destacó Domínguez, abogando por la flexibilidad del gobierno y por que cada colectivo rebaje sus pretensiones. En el caso de las asociaciones de vecinos, afirmó que en la mayoría de los casos se trata de "problemas de pequeños propietarios" para los que "habrá que sentarse y buscar soluciones".

Carmela Silva se reunirá hoy con la presidenta de los vecinos para exponerle personalmente el alcance de los cambios y escuchar "los argumentos que esgrime la federación para su oposición a un plan que hace escasos meses apoyaban". Incluso se ofrece para poner a disposición de los vecinos a los técnicos "para que conozcan las valoraciones del suelo y la situación en la que quedan las parcelas del rural en el plan reformado".

Elena González atribuyó ayer el rechazo vecinal al "miedo" a la inseguridad jurídica que podría derivarse de los cambios y a que "se creen guetos" de vivienda protegida en el rural. La federación vecinal ha sido uno de los colectivos "que más trabajó por el plan", dijo González, que cree que "la ciudad no puede estar más tiempo sin él", aunque el colectivo vecinal tampoco "puede ser cómplice ante la posibilidad de inseguridad jurídica".

La federación de vecinos promovió una manifestación en Santiago contra la Consellería de Política Territorial por sus exigencias para aprobar el plan. Elena González estimaba ayer, sin embargo, que la orden de la consellería "hay que cumplirla" con las modificaciones que estipula. En este cambio de opinión ha incidido seguramente el "arreglo" alcanzado la semana pasada en nueve ámbitos, sobre los que el BNG no estaba de acuerdo con la solución dada por sus socios del PSdeG. Superado ese escollo, éstos ya habían dado por cerrado el documento a aprobar. Pero aún traía cola.

La cuestión de fondo del rechazo vecinal a los cambios formulados remite también, o básicamente, a las expectativas generadas entre los propietarios del rural por los compromisos de venta firmados con los promotores y supeditados en su eficacia a la aprobación del plan preexistente, es decir, sin la reserva del 40% para vivienda protegida, que abarata los terrenos.

Aún no se convocó el pleno para la aprobación del plan. Y Política Territorial pide un mes de plazo para resolverlo. O sea, que ya no se aprobará en 2007.