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Los chabolistas de O Vao anuncian movilizaciones contra el "racismo"

Nuevas construcciones ilegales elevan la tensión en el poblado pontevedrés

"No nos vamos a mover de O Vao". En estos términos expresaba ayer el presidente de la Asociación del Pueblo Gitano, Sinaí Giménez, la postura de las siete familias afectadas por los derribos iniciados el pasado viernes que, tras ser expulsados del cámping de Baltar (Sanxenxo), regresaron este domingo al poblado chabolista. De hecho, tienen previsto levantar cuatro estructuras con plásticos, maderas y cartones para cobijarse los próximos días y hasta que se resuelva su situación.

Al tiempo que mostraban a los medios el primero de estos galpones construidos sin autorización, el alcalde de Poio, Luciano Sobral, manifestaba "no tener constancia de ello" y su intención de "no consentirlo". Para ello instensificará la vigilancia policial. Y mientras el colectivo gitano anunciaba protestas ante las distintas administraciones implicadas para manifestar su oposición al "terrorismo racista" del que, en su opinión, están siendo objeto tras "dos meses de acusaciones e insultos".

La estructura en cuestión, cerrada a cal y canto con cadena y candado, albergaba en su interior todo tipo de enseres domésticos. Dentro, los colchones que por la noche sacó Miguel Montoya, que soporta esta situación "con fastidio y coraje", para dormir al raso junto al fuego que por la mañana continuaban avivando. Sus seis hijos y su mujer pernoctaron con otros familiares bajo techo, tal y como explicaba Sobral que habían acordado el domingo tras la negativa de los afectados a trasladarse a un hotel de Vigo.

El alcalde remarco que nadie quedó a la intemperie. "No lo permitiríamos porque tenemos instalaciones municipales para acogerles si fuese necesario". No obstante, Sinaí Giménez declaró: "Yo estuve aquí fuera con ellos hasta las seis de la mañana, alrededor del fuego, como si estuviéramos en un país tercermundista". Pasarron "la noche en la calle", unos fuera y otros en coches y furgonetas, según comentaron.

Mariano Silva, patriarca de otra de las familias desahuciadas, se mostraba indignado por el trasiego del fin de semana y su expulsión del cámping de Baltar, al trascender sus quejas por la falta de calefacción en los bungalós donde iban a residir hasta encontrar una vivienda definitiva. Esa "mala publicidad" provocó que el propietario de las instalaciones revocase su acuerdo con el Ayuntamiento de Poio y exigiese su partida.

"Presión social"

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Una situación que Sinaí Giménez achaca a la presión social en Vilarchán (Pontecaldelas) que se extendió a otras parroquias de Pontevedra, Poio o Marín, donde públicamente los vecinos han manifestado su repulsa a convivir con estas familias. De ahí que insten a los políticos a posicionarse "como hicieran con la chica inmigrante de Barcelona", tras el incidente del metro.

Luciano Sobral confirmó ayer la firma del convenio con la Consellería de Política Territorial de la Xunta de Galicia, lo que supone la aportación de casi 700.000 euros para financiar la adquisición de seis viviendas. "Yo espero que estas familias puedan pasar la Navidad en su nueva casa", señaló el alcalde de Poio.

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