El Constitucional decide hoy si rechaza las recusaciones del PP

El Tribunal Constitucional se reúne esta mañana para deliberar si aparta del pleno que debe juzgar la reforma de su ley orgánica a los magistrados progresistas Pascual Sala, Manuel Aragón y Pablo Pérez Tremps, recusados por el PP en base a una información de El Mundo desmentida por seis magistrados. Desde el inicio de los trámites, el PP no ha cejado en su labor de acoso al tribunal. El viernes registró un nuevo escrito en el que exige que se acumulen las cinco recusaciones -tres del PP contra magistrados progresistas y dos del Gobierno contra conservadores- para su tramitación conjunta, en vez de examinar primero las del PP, como estableció el presidente accidental, Vicente Conde.

La convocatoria del pleno de hoy con la única previsión de examinar las recusaciones de los magistrados Sala, Aragón y Pérez Tremps ha disparado la alarma entre los populares, que deducen que el Constitucional puede rechazar su triple recusación, basada en una información de El Mundo. Dicha información sostenía que en una reunión celebrada el 12 de junio en el despacho de la presidenta, María Emilia Casas, los tres recusados se mostraron favorables a la reciente reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, que permite la prórroga del mandato de Casas. La noticia fue desmentida por los seis magistrados presentes en aquella reunión, entre ellos los conservadores Guillermo Jiménez y Ramón Rodríguez Arribas.

Quejas de Astarloa

En el escrito de alegaciones presentado el pasado día 20, el comisionado del PP, Ignacio Astarloa, ya se quejaba de que el tribunal hubiera rechazado la acumulación de todas recusaciones. El PP quiere que se vean todas a la vez porque mientras las dos del Gobierno, contra los magistrados Roberto García-Calvo y Jorge Rodríguez-Zapata, se sustentan en un escrito en el que ambos expresaban su "profunda discrepancia" con la reforma, las del PP sólo se basan en una información periodística sin firma y desmentida por seis magistrados. Lo que el PP pretende con unas recusaciones tan forzadas es contrarrestar las del Gobierno, para que la partida quede en tablas. Es decir, que no se admita a trámite ninguna de las cinco y que el tribunal quede con los actuales diez magistrados (todos menos la presidenta y el vicepresidente, que se abstuvieron).

El escrito de acumulación presentado el viernes, en el habitual tono de dureza que prodiga Astarloa, el PP vuelve a acusar de "irregularidades" al presidente en funciones, Vicente Conde, y se reserva las acciones que procedan. El escrito de alegaciones ya se alertaba contra un rechazo "sin acuerdo expreso, sin tramitación, fundamento y sin notificación" y amenazaba con llevar una eventual negativa hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Expertos constitucionalistas consultados por este periódico indicaron que las acumulaciones deben atenderse, en su caso, después del trámite de admisión, es decir, una vez se ha deliberado cuáles deben tramitarse.