Ibarrondo reconoce que dio la licencia de Ali, pero no explica los motivos
El ex edil de Urbanismo declara que le convencieron las razones de la empresa
El ex concejal de Urbanismo del Ayuntamento de Vitoria Jorge Ibarrondo (PP) asumió ayer ante la juez Ana Zulueta la responsabilidad en la concesión de la licencia para edificar siete chalés en un terreno que sólo admitía seis, según la normativa.
Ibarrondo justificó su decisión por los informes que presentó la promotora Salgado Iglesias, que contradecían las valoraciones de los técnicos municipales. Pero no aportó ningún tipo de documentación para respaldar sus argumentos.
Jorge Ibarrondo llegó sonriente al Palacio de Justicia de Vitoria, poco antes del mediodía, en compañía de su abogado. Y eso que el ex concejal no contaba con el apoyo de miembros de su formación en esta declaración ante la titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Vitoria, donde se le investiga por un presunto delito de prevaricación. En una rueda de prensa previa, tanto el ex diputado general, Ramón Rabanera, como el portavoz del PP en las Juntas Generales de Álava, Javier de Andrés, eludieron comentar el asunto.
La estrategia de Ibarrondo sorprendió a los abogados de la acusación popular. El ex concejal aprovechó la primera pregunta de la juez para ofrecer una declaración de 40 minutos, en la que relató su versión de lo acontecido en la urbanización de la parcela de Ali. Reconoció que hubo un primer informe negativo de los técnicos municipales y que, antes de la emisión del segundo estudio valorativo, la constructora pidió una reunión. Ibarrondo indicó a la juez que había asistido a la misma, en compañía de varios técnicos y que, a la vista de la documentación que presentó la empresa, concedió el permiso.
No aportó más información. Ante las preguntas del fiscal y la juez sobre la documentación, los técnicos presentes en la reunión o las razones que le llevaron a conceder una licencia en contra de la opinión de los funcionarios, respondió con un "no sé". Cuando llegaron las cuestiones de la acusación popular, en la que se encuentra PNV, EB y EA, simplemente enmudeció.
Antes, declararon ante Ana Zulueta la aparejadora municipal Lourdes Arbona, y el jefe de Servicio de Cartografía, Juan Carrascal. Ambos ratificaron con contundencia que la parcela no alcanzaba los 2.000 metros cuadrados mínimos que permiten la construcción del séptimo chalé.
La defensa apunta al archivo del caso
Aunque no recordaba qué técnicos habían podido elaborar el informe favorable a la construcción de los chalés, Jorge Ibarrondo delegó en su declaración toda responsabilidad en la elaboración del documento de la licencia en el ex director de Urbanismo, Antón Sáenz de Santamaría. Por ello, la acusación popular representada por Ezker Batua, ha pedido la comparecencia de éste para que explique cómo se pudo elaborar una licencia sin el respaldo de los técnicos municipales.
Además, fuentes del PNV estimaron ayer que, tal y como se ha desarrollado la instrucción de este caso, no cabe duda de que se abrirá juicio oral. "Se demuestra que no ha habido afán persecutorio contra la persona de Jorge Ibarrondo, sino sólo voluntad de esclarecer presuntas irregularidades urbanísticas", señalaron.
Sin embargo, para Pedro Luis Elvira, abogado defensor de Jorge Ibarrondo, el asunto se archivará, porque "estamos hablando de un metro arriba, un metro abajo". Elvira apuntó que la vía penal está reservada "para aquellas cuestiones que tienen evidentemente mala fe, lo que no ha ocurrido en este caso". "Es un tema eminentemente técnico", insistió.
[Raquel Martínez, ex concejal de Vitoria entre 1999 y 2003 por el PP, partido del que fue expulsada al año siguiente, permanece en dependencias de la Ertzaintza tras ser detenida el lunes por una presunta estafa inmobiliaria. La ex edil contactaba con personas que querían acceder a viviendas de protección oficial en Vitoria, algunas de las cuales incluso estaban ya vendidas, y les pedía 18.000 euros para hacer gestiones aprovechándose de supuestos contactos que decía tener en las administraciones públicas. Una vez que los estafados les entregaban el dinero, no sabían nada más de Martínez y su marido. Hasta el momento, según fuentes de la investigación, la denuncia por el caso más antiguo se remonta a 2005.]
