Ofensas judiciales

En más de una ocasión, con motivo de los comentarios que he realizado en este diario sobre algunas actuaciones judiciales, quienes se han visto reflejados en ellos me han hecho llegar, de una u otra forma, una cierta indignación. Indignación que justificaban con frases de "no era para tanto" o "este juez o jueza es progresista", lo que, a juicio del nuncio o mensajero de turno, debería haber tenido en cuenta. Eso sí, reconozco que en una de estas veces, y que guardo como oro en paño, un fiscal me dio la enhorabuena por las críticas que realicé sobre ese afamado juez de Murcia que teta u homosexual que detectara tomando el sol o pretendiendo una adopción, les atizaba con dos padres nuestros y unos días de prisión según el caso. Son llamadas de atención; llamadas al orden establecido con las que pretenden indicar que no se está en el camino adecuado. Y la verdad es que, pese a ellas, sigo opinando que, por el contrario, sí es el camino. Y es fácil comprender que es así, por muchas indicaciones y por muchas buenas palabras que aparentemente acompañen a estos portadores de sus intereses. Razones, muchas, hay para así afirmarlo.

Sin embargo, me detengo en unas muy concretas y que son las de que no es posible, desde una mínima inteligencia, defender ni aceptar que determinadas actuaciones judiciales, que han dañado a la sociedad porque han dañado a los ciudadanos, no puedan criticarse y que, cuando así se haga, tales comentarios se transformen en una ofensa a la Justicia y a todos los que la integran. Por el contrario, salvo que se caiga en el corporativismo más dañino, la crítica singular favorece al sistema, en cuanto aleja el corporativismo y en cuanto no cobija ni protege a quienes infringen las leyes haciendo un uso partidista e interesado de las mismas o un uso negligente. Es así porque si quedan sin crítica y análisis públicos, lo que se favorece es la inexigencia de responsabilidad e impide que se vitalice el sistema judicial y alcance el prestigio y eficacia que le corresponde a un Estado de Derecho como es el nuestro.

Es cuestión sobre la que periódicamente he venido realizando algunos comentarios críticos, con base en algunas sentencias y acusaciones extravagantes -un pastor que en principio se le pidieron tres años por arrancar manzanilla en Sierra Nevada y que saltó a la luz pública-. Una realidad que me llevó la pasada semana a realizar algunos comentarios. En esta ocasión, con motivo de la absolución de la mayoría de los acusados por narcotráfico en la operación Estela. Absoluciones que habían venido precedidas por una defectuosa instrucción que ya había denunciado la Fiscalía de Cádiz. Son reflexiones, en suma, que también vuelven a surgir con motivo de la propuesta de separación definitiva de la judicatura de una jueza de Motril. Una juez, al decir de su instructor, que no sólo utilizaba su poder para poner las peras al cuarto a su ex pareja, sino que también mantuvo en prisión durante 437 días a una persona que había absuelto previamente y a dos más, aunque en estas dos últimas ocasiones por tiempo inferior.

Pues, bien, ni unas ni otras son actuaciones de un día ni se agotan en un solo acto judicial. Al contrario, reflejan conductas mantenidas en el tiempo. Conductas que ni han sido detectadas en sus comienzos por los propios órganos de control del Consejo ni por el control judicial de las resoluciones judiciales. Una ausencia de control y de respuesta que puede ayudar a que los infractores entiendan que pueden seguir campando a sus anchas, pues siempre van a contar con quienes, usando uno u otros pretextos y siempre el corporativismo, traten de atenuar la gravedad de unos comportamientos que sólo ofenden a sus autores. Lo de la juez de Motril o el juez de Murcia, por mucha separación administrativa, son anécdotas que han tenido lugar tras muchas denuncias y algunos expedientes. En fin, que seguiré con mis comentarios por respeto a la Justicia y porque siempre he entendido que, con ellos, no sólo no la ofendo, sino que la respeto y sólo hago crítica de quienes se sirven de ella.