Rendir cuentas por una bandera

Que la primera sensación que se tenga al aterrizar en un país extranjero sea la de querer volver a casa es extraño. Muy mal tienen que estar las cosas si encima ese día se celebra la fiesta nacional del país en cuestión y las calles son un hervidero de gente con ganas de juerga. Pero Miguel López y Edén Galván, los dos jóvenes -onubense y canario- que en mayo pasaron en una cárcel de Riga (Letonia) 21 y 14 días, respectivamente, por robar unas banderas letonas que estaban colgadas en la calle, no quieren oír hablar de celebraciones. El domingo regresaron a Riga. Hoy, previsiblemente, el juez pondrá punto final a la pesadilla. "Y mañana nos volvemos en el primer avión que haya... si todo va bien".

Han llegado a un acuerdo económico con la fiscalía para evitar ir a la cárcel

La puntualización de Miguel delata desconfianza. Hasta que vean que el juez firma el acuerdo al que han llegado sus abogados con la fiscalía, no van a estar tranquilos. Los vaivenes de la justicia letona fueron constantes en mayo. Cada día parecía el último, pero pasaron 10 desde que Miguel salió de la cárcel hasta que pudieron abandonar Letonia. "Lo lógico es que el juez ratifique el acuerdo y se puedan volver", explica Bernardo López, número dos de la Embajada española.

El entendimiento consiste en que los jóvenes, de 25 y 24 años, se declaran culpables de los delitos que les imputan: robo premeditado en grupo de la bandera letona y profanación del símbolo del Estado, penados con hasta nueve años en el país báltico. Así evitarían ser juzgados. El Código Penal letón establece que arrancar una bandera de la calle ya es ultraje. "Ante eso, no podemos hacer otra cosa; estamos de acuerdo con los hechos pero no con la calificación, porque nosotros no queríamos ultrajar nada ni a nadie", asegura Miguel.

La pena que, previsiblemente, caiga sobre ellos será doble. Por un lado, se les condenará a una pena suspensa, según la terminología letona, de seis meses de cárcel, que no tendrían que cumplir a no ser que cometan algún delito en el país. Además, tendrán que pagar una multa de unos 4.000 euros, cantidad que vendría a sumarse a los 3.800 que ya aportaron de fianza en su día. Y a los costes de los abogados. "La gracia nos ha salido muy cara", reconoce resignado Miguel.

¿Y si el juez no ratifica el acuerdo? Por delante tendrán tres días de juicio. "Ya es lo que nos faltaba", dice intranquilo el joven onubense.