El Gobierno sólo consigue ingresar el 38% de las multas que impone

Los ingresos que obtiene el Gobierno procedentes del cobro de sanciones y multas representan solamente el 0,4% del presupuesto de la comunidad autónoma. La actividad sancionadora de la Administración general vasca es "totalmente residual" en términos económicos, según ha recogido el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas (TVCP) en su informe de fiscalización de las cuentas de 2005.

La actividad sancionadora de la administración vasca es "residual"

Álava y Guipúzcoa cobran más del 40% de las multas; Vizcaya sólo el 33%

Pese a que al cabo del año se abre un elevado número de expedientes por infracciones de tráfico, las sanciones impuestas por los 11 departamentos del Ejecutivo se elevan a 24,7 millones de euros, de los que la práctica totalidad (el 96%) corresponden a las consejerías de Interior 19,3 millones) y de Justicia, Empleo y Seguridad Social (4,3 millones).

De la cifra global que suponen las sanciones impuestas, sólo se consigue ingresar el 38,3% (9,4 millones) dentro del plazo presupuestario. Hay un 15% de las multas que se anulan al atenderse los recursos interpuestos por los afectados, y el resto se intenta cobrar en los siguientes ejercicios.

Por provincias, Álava y Guipúzcoa logran recaudar dentro del ejercicio presupuestario más del 40% de las sanciones, mientras que en Vizcaya el porcentaje disminuye de forma considerable hasta el 33,1%.

La gestión recaudatoria de las deudas se efectúa a través de los propios departamentos sancionadores durante el periodo de pago voluntario (los 30 días siguientes a partir de ser firme y notificada la sanción). Cuando los expedientes pasan a la vía de apremio, corresponde recaudarlas a las tres diputaciones forales y de la Agencia Tributaria estatal, en virtud de los convenios suscritos en 1998 con la administración vasca. Las instituciones forales reciben un "premio de cobranza" del 50% por el cobro de multas de tráfico y un 20% por el resto.

A los 9,4 millones que se ingresaron en 2005 -7,5 millones por multas de tráfico y 1,6 millones por sanciones de Trabajo-, se sumaron en el mencionado ejercicio otros 9,1 millones de deudas que seguían pendientes de cobro de años anteriores, correspondientes al periodo entre 1996 y 2004. Esta cantidad representa solamente el 17,6% de los 52,1 millones que se habían acumulado sin cobrar en todo ese tiempo.

Al cierre del ejercicio de 2005, las sanciones y multas pendientes de cobro sumaban 55,2 millones de euros, según el Tribunal de Cuentas. La mayoría son expedientes que se encuentran en vía de apremio, por lo que corresponde a las diputaciones y a la Agencia Tributaria proceder al cobro de las mismas o a su anulación.

La principal causa de la anulación de las deudas es la insolvencia (el 50%). A lo largo de 2005 fueron anuladas en la vía voluntaria el 15% de las multas de tráfico, principalmente por errores en la gestión de los expedientes o la estimación de recursos interpuestos.

El órgano fiscalizador ha constatado que, en el caso de las sanciones que impone el Gobierno, la posibilidad de cobrar las deudas de los ejercicios cerrados disminuye de forma notable en función de su antigüedad. El 76% del saldo pendiente de cobro a 31 de diciembre de 2005 tiene una antigüedad superior al año.