El pacto o el POTA

El Pacto por la Vivienda propuesto por el presidente de la Junta, Manuel Chaves, a los agentes intervinientes en la construcción de viviendas ha tenido un efecto bumerán sobre la polémica legislación contenida en el POTA. Este plan, que fue recurrido ante los tribunales por sus restricciones por los constructores y promotores y por el Partido Popular, puede quedar ahora totalmente descafeinado, según opinan fuentes de los negociadores de la mesa de concertación.

El inicial acuerdo alcanzado esta semana por la Junta y la FAMP para flexibilizar algunos de los aspectos más controvertidos del plan, ha dado pie a que en la negociación del pacto, en el que de momento se sientan Junta, sindicatos y patronal, se negocien modificaciones que anularán casi en su totalidad las restricciones del POTA, mantienen las citadas fuentes. Es decir, que no se podría declarar urbanizable más del 40% del suelo urbano consolidado, ni ampliar el planeamiento con viviendas que supusieran un incremento de población superior al 30% actual.El preacuerdo con la FAMP supone que 626 pueblos andaluces que tienen menos de 10.000 habitantes y que suponen el 81% del total de 770 municipios andaluces no tendrán que cumplir estrictamente las limitaciones de crecimiento en población y de suelo urbanizable establecidas por el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA).

La CEA propone un modelo de VPO con precios de 180.000 a 210.000 eurosEl POTA se somete de nuevo al filtro de la concertación

Los alcaldes andaluces (de los 770 un total de 491 son socialistas) han logrado en primera instancia una rebaja sustancial del POTA, después de que la Junta aceptase fijar nuevos límites y sacar los suelos industriales del porcentaje de crecimiento limitado.

Desde la Junta se ha planteado este acuerdo como un reajuste del plan, pero lo cierto es que la rebaja empieza a ser significativa y, de quedarse ahí, podría despertar además reivindicaciones de Ayuntamientos que alegaran agravios comparativos entre poblaciones de tamaño muy parecido.

La consejera de Obras Públicas y Transportes, Concepción Gutiérrez, confirmó que la Junta asumirá las peticiones de los alcaldes porque, según explicó, la mayoría de los 626 municipios de menos de 10.000 habitantes han crecido en suelo y en habitantes por debajo de la media andaluza cuando, sin embargo, "disponen de unos equipamientos superiores a las necesidades de la población real que tienen".

La realidad política sin embargo es más bien otra. Más del 90% de los municipios andaluces no habían atendido o cumplido las recomendaciones que el departamento de Gutiérrez inició con la promulgación de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) y la posterior del POTA.

En el primer caso, porque los municipios tuvieron más de cuatro años para modificar sus Planes Generales de Ordenación Urbana (PGOU) y sólo 46, cumplimentaron el trámite en tiempo y forma el pasado mes de enero. O lo que es lo mismo, el 93% de los municipios se quedaron con PGOU antiguos, bloqueados, y frenados en sus posibilidades de crecimiento más aún con la entrada en vigor del POTA y sus limitaciones de crecimiento.

Y en segundo lugar, porque con el POTA en la mano, la FAMP aseguraba era imposible poner a disposición de la promoción de viviendas de protección oficial suelo suficiente para cubrir los objetivos del pacto, y de la futura Ley del Derecho a la Vivienda, anunciada dentro del paquete de medidas que el PSOE incluirá en su programa electoral y que no verá la luz hasta la próxima legislatura.

Por esa razón esta primera rebaja no hace sino presagiar otras sucesivas en las próximas semanas, opinan fuentes de la mesa de la concertación.

En la comisión que pretende alcanzar el Pacto por la Vivienda anunciado por Chaves y cuyo objetivo es construir 700.000 viviendas en 10 años, 350.000 de ellas protegidas, se estudia ya un documento de los empresarios que apunta a nuevas modificaciones del POTA, que hace aún más livianos los límites establecidos al crecimiento urbanístico. Además, los empresarios han conseguido una reivindicación que les llevó a uno de los desacuerdos más sonados de la legislatura que está a punto de concluir. La CEA escenificó una ruptura del acuerdo de concertación cuando el POTA fue modificado en el Parlamento, a requerimiento de IU, y endurecido respecto a lo que inicialmente se había pactado en la mesa de la concertación social.

Ahora el POTA regresa a la mesa de concertación y allí sindicatos y empresarios ya han puesto condiciones para firmar el pacto previa modificación de algunas de las normas. "Remitir a la concertación tripartita las iniciativas no consensuadas, como es la aplicación del POTA y los Planes de Ordenación del Territorio". Así reza una de las propuestas contenidas en el documento entregado por la CEA en la primera de las reuniones de la mesa que persigue el pacto.

Hasta nueve modificaciones del POTA plantea la CEA, que además insta a la agilización de la tramitación tanto para el desarrollo de suelos de VPO como para el planeamiento.