Doblegar al TC

Lo que con gran escándalo está sucediendo en el Tribunal Constitucional tiene manifiestas causas externas, pero no se habría llegado a esta situación sin la activa colaboración, o al menos la complacencia, de una parte de sus magistrados. La principal de estas causas es el uso instrumental de la recusación por parte del Partido Popular para forzar una composición del órgano acorde con su estrategia política contra el Estatuto catalán. Pero ha sido la inicial recusación por el PP del juez Pérez Tremps, aceptada al segundo intento por los miembros más afines a la estrategia de este partido, la que ha traído estos lodos: una inextricable madeja de abstenciones, recusaciones y contrarrecusaciones que amenaza con paralizar al tribunal y desacreditar su función jurisdiccional para el futuro. Eso será fatalmente así, a menos que todos o la mayoría de sus 12 componentes, y no sólo su presidenta, den un puñetazo sobre la mesa y frenen en seco lo que esta última denuncia como "intentos de desestabilización intolerables" de la institución que preside.

El desmentido del magistrado Ramón Rodríguez-Arribas, alineado en el llamado sector conservador, a la falsa noticia del diario El Mundo que ha servido al PP para montar la recusación de tres jueces, como réplica a la recusación de otros dos por parte del Gobierno, parece tener este significado. En una mayoría de magistrados está prendiendo la idea de que, más allá de sus diferentes posicionamientos jurídicos, lo que está en juego es no sólo la dignidad de la institución sino la suya propia. Este desmentido, como el de los otros cinco miembros presentes en la reunión en la que, según la información periodística, tres de ellos avanzaron una opinión favorable a la prórroga del mandato de la presidenta, pone negro sobre blanco lo que ya se sospechaba: el carácter prefabricado y temerario de la recusación formulada por el PP, basada en un bulo periodístico probablemente encargado e igualmente prefabricado, cuyo objetivo era crear el caos en el tribunal -algo, de momento, ya alcanzado- para doblegarle a sus pretensiones; es decir, conseguir un tribunal ad hoc y a medida.

Si, como parece, el PP no está dispuesto a retirar su recusación, a pesar de estar basada en un bulo periodístico, el TC tendría que encontrar la manera de rechazarla de plano, sin entrar siquiera en su consideración. Es lo que sucede en la justicia ordinaria con las demandas manifiestamente temerarias. Sería, además, la forma más clara y contundente de decir basta a la burda instrumentalización a que le tiene sometido el PP, pretendiendo ganar en su ámbito lo que ha perdido en el Parlamento, llámese Estatuto catalán o ley de matrimonio homosexual, entre las 19 leyes que tiene recurridas por supuesta inconstitucionalidad.

El TC estaría en las mejores condiciones, tras ese gesto a la vez de dignidad y autoridad, de reparar los errores con lo que ha contribuido a llegar a esta situación, el más grave de todos el olvido que una buena parte de sus magistrados ha hecho de su deber de preservar a toda costa el ejercicio de su función jurisdiccional. Los magistrados la han puesto en peligro al entrar con frívola facilidad en un juego de abstenciones y recusaciones letal para la institución. Contraviniendo, además, los criterios estrictos mantenidos hasta ahora en la materia. La solución más innovadora y beneficiosa sería dar marcha atrás y volver al pleno institucional de 12 magistrados del funcionamiento ordinario del TC. La abstención voluntaria de la presidenta Casas y del vicepresidente Jiménez fue un ejemplo de dignidad profesional, pero su aceptación por sus colegas del sector conservador contribuyó a aumentar el riesgo de inestabilidad que vive ahora el tribunal.