La CNE propone subir la luz a los hogares hasta un 30% en 2008

A menudo, lo malo de preguntar es que se obtiene respuesta. El Ministerio de Industria ha preguntado a la Comisión Nacional de la Energía (CNE) cuánto deberían subir las tarifas eléctricas el próximo año para que el recibo de la luz recoja todos los costes y no haya desfase entre ingresos y gastos (déficit tarifario).

La respuesta ha sido como para dejar mudo al político más locuaz: según la CNE, las tarifas para la baja tensión, donde se encuadran 22 millones de hogares, deberían subir entre un 19,6%, en el escenario más favorable, y un 30,9% en el peor de los casos.

Las tarifas eléctricas reguladas desaparecerán en el año 2009

El Supremo ha anulado un artículo del decreto tarifario de 2005

Así se refleja en el denominado Informe sobre las variaciones necesarias a aplicar a las tarifas integrales y de acceso a partir del 1 de enero para que sean aditivas. El impulso de las tarifas "aditivas", algo más fácil de decir que de hacer, era una de las medidas recogidas en su día el programa electoral del PSOE.

El estudio de la CNE, a requerimiento del departamento que dirige Joan Clos, no supone en sentido estricto una propuesta tarifaria, pero pone de manifiesto, una vez más, el gran problema que arrastra el sistema eléctrico. Y es que los precios regulados -los que marca el Gobierno- no cubren todos los costes del sistema, por lo que año tras año se genera un déficit que las empresas anotan en sus balances y que hay que pagar en abultados plazos durante décadas.

Las cantidades son de mareo. Sólo en el año 2006, el déficit tarifario ascendió a 3.046 millones de euros. Como esa cantidad se paga en plazos para no llevar las tarifas a la estratosfera, en 2008, los recibos que pagan los consumidores en conjunto tendrán que hacer frente a la letra anual aplazada: 173 millones de euros por el desfase de 2006. Cantidad que se añade a los plazos por el déficit anterior a 2003 (224 millones anuales) y al correspondiente a 2005 (otros 389 millones). Y no es todo: a 12 de noviembre, el déficit de 2007, según la CNE, asciende a otros 1.500 millones que, por supuesto, habrá que pagar. Ante tal panorama, y en un contexto de aumento de las materias primas (petróleo, gas y carbón), la Comisión Nacional de la Energía insiste en que las tarifas deben recoger la realidad de los precios.

La recomendación del órgano regulador es un jarro de agua fría para el Gobierno y el Ministerio de Industria a pocos meses de las elecciones generales. Porque si hay un asunto políticamente sensible -al margen de la dimensión económica- es el del recibo de la luz. De ahí la prudencia con la que el Ejecutivo ha tratado el asunto, especialmente en los últimos meses.

El Gobierno, que no ha seguido la senda de bajadas que impuso el PP entre 1996 y 2004, sólo se atrevió a aplicar el pasado mes de enero una subida media general de la electricidad del 4,3%. Aunque para los consumidores domésticos se situó en el 2,8% de media.

En julio -desde este mes, la revisión tarifaria es trimestral- y a pesar de que Industria impulsaba otra subida del 1,81% para los consumidores domésticos, acordó finalmente congelar la tarifa doméstica y subir sólo un 1,7% el resto de tarifas de alta y baja tensión. Y a pocos meses de una importante cita electoral, no habrá muchas sorpresas. Diga lo que diga la CNE y reclamen lo que reclamen las compañías eléctricas. Ayer mismo, según Efe, el ministro de Industria Joan Clos, reiteró que las tarifas eléctricas de los consumidores domésticos subirán en enero de 2008 aproximadamente en la misma cuantía que la inflación (en torno al 2% la prevista y cerca del 4% la real).

La nueva Ley del Sector Eléctrico, aprobada en julio, estipula la desaparición de las tarifas eléctricas reguladas a partir del 1 de enero de 2009 y la entrada en funcionamiento de las denominadas tarifas de último recurso. Los planes del Gobierno son eliminar, antes de la desaparición de las tarifas, la generación de déficit de tarifa.

El informe de la CNE no fue ayer la única noticia negativa para Clos. El Tribunal Supremo ha anulado el artículo quinto del real decreto aprobado por el Gobierno el 23 de diciembre de 2005, por el que se establecía la tarifa eléctrica para 2006, por entender que no se ajusta a derecho, con lo que estima parcialmente un recurso de Iberdrola. En concreto, el alto tribunal cree que la norma que fija la tarifa eléctrica no debe contemplar la financiación, a cargo del propio sistema eléctrico, de planes de ahorro y eficiencia energética.

Los precios de la electricidad están, en cualquier caso, en los puestos destacados de las preocupaciones de industrias y empresas. Ayer, los grandes consumidores de electricidad presentaron una central de compras -centro conjunto para negociar precios con las eléctricas-.

La central se llamará Fortia y gestionará el 18% del consumo de energía en España. La nueva central, creada el pasado 26 de septiembre por 28 grupos industriales de distintos sectores económicos, fue presentada ante el ministro de Industria, Joan Clos.