El nuevo juez del 'caso Malaya' ve defectos en la instrucción de Torres

El trabajo del magistrado Miguel Ángel Torres, principal instructor del caso Malaya, ha recibido en los últimos días varios varapalos. Su sucesor, el juez Óscar Pérez, ha encontrado defectos de ordenación en el procedimiento que podrían suponer "un gravamen de calado constitucional" y se ha propuesto subsanarlos reorganizando sus más de 40.000 folios y creando nuevas piezas separadas.

Pérez también ha archivado la investigación por falsedad documental abierta por Torres al ex jefe de la Policía Local de Marbella, Rafael del Pozo.

Casi al mismo tiempo, la Audiencia de Málaga ha desestimado otra de las decisiones de Torres relacionada con Del Pozo. El ex jefe de la Policía Local no será juzgado por tenencia ilícita de armas en un juzgado de lo penal, sino dentro del caso Malaya, como pedía su defensa.

La sección primera estima en su resolución que la separación de la causa podría llevar a "resoluciones contradictorias sobre la validez del registro" de las dependencias de la Policía Local de Marbella, efectuado dentro de la investigación de la trama de corrupción.

En su propósito de hacerse con la compleja estructura del caso Malaya, el magistrado Óscar Pérez, a cargo de la instrucción desde hace cuatro meses, ha encontrado una serie de defectos. En uno de sus autos señala que no se ha notificado a las partes "un número no reducido" de resoluciones relacionadas con las piezas separadas, algo que podría crear situaciones de indefensión. Tampoco se han incorporado al sumario las contestaciones dadas a algunos oficios del juzgado. Pérez mantiene que los defectos de la instrucción dificultan la adecuada resolución de los escritos que presenten las partes.

En su escrito, el juez anuncia su intención de ordenar aspectos deslavazados de las diligencias, como el contenido de las conversaciones telefónicas o las actuaciones preventivas sobre el patrimonio de los procesados. Este último hecho "impide conocer cabalmente la situación de cada procesado en relación a sus bienes", señala Pérez.

En los últimos meses el instructor se ocupa de la recaudación de esas fianzas, que suman 5.200 millones de euros y que servirán como fondo de garantía para posibles indemnizaciones una vez acabe el juicio.

Fuentes judiciales apuntan a que ha tenido problemas para responder a los requerimientos de las partes debido a la magnitud y complejidad del sumario. "Se comprende porque Torres lo llevaba todo en la cabeza y sabía de memoria en qué tomo estaba cada declaración o escrito", señalan.

El juez considera que las "numerosas medidas de garantía" impuestas por Torres -como la retención de saldos, prohibiciones o depósitos de obras de arte o bienes- han seguido un "orden inverso", ya que se han adoptado incluso antes de que fije la fianza por responsabilidad civil.

Con la creación de piezas separadas, el magistrado pretende hacerse una idea global de la situación económica de cada uno de los procesados, ya que durante la instrucción Torres adoptó numerosas decisiones con respecto al patrimonio intervenido a los procesados.

Entre nuevas piezas habrá una dedicada en exclusiva a los bienes de Juan Antonio Roca, principal imputado de la causa y con una fianza por responsabilidad civil pendiente de 1.000 millones. En ella se incluirán sus saldos bancarios en España y en el extranjero, los de sus sociedades y los bienes de los que sea titular.