Filtración filtrada

El espía no vino del frío. Emergió al calor de la propia batalla interna que el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, mantuvo con el presidente de su propio partido, Joaquín Ramírez, en la pasada legislatura. Un asunto que terminó con un equipo de gobierno dividido; con un bando, apoyando al alcalde y el otro, soportando al primer edil. Sin ese desencuentro, no hubiera existido el caso Agüera: la redacción y posterior filtración de un informe realizado por un escolta sobre las actividades de la concejal del PP, Rosa Agüera, y en el que se incluían aspectos de su intimidad que nada tenían que ver con su seguridad. Nada más trascender, se inició una campaña para deslegitimar política y personalmente a esta edil por parte de algunos de sus propios compañeros, y fue de tal magnitud que ésta acabó sus días como cargo público apartada de su propio grupo y en la más absoluta irrelevancia. No está de más recordar lo que en plena polémica dijo el propio presidente del PP: "En el caso Agüera hay mala intención".

Sin duda no fue el asunto más grave ocurrido en la pasada legislatura, pero si el más bochornoso. El pasado jueves se inició en la Audiencia de Málaga la vista oral por estos hechos y en el banquillo de los acusados sólo se sentó una persona: el supuesto autor de la filtración, un intendente mayor de la Policía Local que se enfrenta a una pena de tres años de prisión acusado de un delito de relevación de secreto y que lo ha negado todo. El caso Agüera quedará visto para sentencia dentro de unas semanas -la vista se suspendió y se reanudará a finales de este mes- pero seguirá sin conocerse lo esencial.

Desde el inicio de este escándalo, el gobierno de Francisco de la Torre se preocupó mucho por conocer el autor de la filtración, pero demostró escaso interés en averiguar quién encargó tan innecesario informe y con qué motivos. Es más, apenas censuró que un escrito que cuestionaba la capacidad de trabajo de un miembro del consistorio y revelara su privacidad personal pasara por las manos de toda la escala de mando de la jefatura de la Policía Local sin que ni uno sólo de sus responsables decidiera tirarlo a la basura. Los mismos responsables policiales que demostraron luego su manifiesta incapacidad para velar por la custodia del propio informe, que tenía el carácter de confidencial y además atentaba contra el derecho a la intimidad de una persona.

Tampoco la Audiencia Provincial de Málaga determinará por qué se hizo un informe así. Este tribunal, aunque resulta poco entendible, no admitió el escrito de acusación presentado por la defensa de Agüera contra el oficial de la Policía Local que redactó el documento, por lo que transcurrido dos años de lo sucedido y a punto ser juzgado los hechos lo esencial parece ser que nunca se va a aclarar. En el juicio lo único que se ha puesto en evidencia es el enfrentamiento interno que se vive en el seno de la Policía Local de Málaga, donde las fuertes diferencias sindicales se han trasladado a la cúpula de mando y en ella se premian descaradamente determinadas afiliaciones. Las mismas siempre, desde que el PP se hizo con la alcaldía.

El caso Agüera es un desagradable ejemplo de que en política tu peor enemigo lo tienes a veces al lado. Y de que todo vale para desprestigiar a tu adversario, más aún cuando tu adversario es tu compañero de filas. La filtración del informe puso en solfa el trabajo de esta edil, sin que nadie se sorprendiera de lo verdaderamente relevante: que el fin nunca justifica los medios. Aquí nadie ha estado a la altura, tampoco Agüera en la defensa de su presunta dignidad. Está aún por determinar quién realizó la filtración. Pero una certeza tenemos ya. Nadie se ha preocupado por buscar respuesta a esta pregunta: ¿Quién fue el autor intelectual del caso Agüera?