Una semilla que se deshace

En mayo de 2002 la Policía Nacional publicitaba el desmantelamiento de una de las redes de distribución de droga más importantes de las provincias de Cádiz y Sevilla. La llamaron Operación Semilla: 150 personas investigadas, 94 detenidos, 2.176 kilos de hachís y 18 de cocaína incautados, 63 vehículos decomisados, junto con una cuadra de 20 caballos y 13 armas de fuego.

La Policía Nacional se felicitó entonces por haber detectado una red que habría blanqueado casi seis millones de euros a través de empresas como el semillero de Dos Hermanas, que dio nombre a la operación. Cinco años después, el caso se deshace en los juzgados.

De los 27 acusados que ya han pasado ante el juez, 24 han sido absueltos. Las sentencias han revelado graves fallos en la instrucción que vulneraron los derechos fundamentales de los imputados. La Fiscalía recurrirá la última de las condenas, también absolutoria, mientras las defensas ven en esta situación el triunfo de la democracia.

La red intervenida habría blanqueado cerca de seis millones de euros De los 27 acusados que ya han pasado ante el juez, 24 han sido absueltos

El juez de El Puerto, Miguel Ángel López Marchena, lideró la investigación desde que la Policía Nacional, en octubre de 2000, detuviera a cinco personas de esta localidad gaditana. Allí se encontraron dos kilos de cocaína de gran pureza y el testimonio de uno de los detenidos abrió las pesquisas a otros municipios como Chipiona, Jerez, Sevilla o Sanlúcar. Los agentes y el magistrado creyeron estar ante una gran red pero la Fiscalía consiguió dividir el caso en varias piezas que el año pasado comenzaron a pasar por los juzgados. El resultado ha sido un varapalo a las tesis del juez de El Puerto. La última sentencia, de esta semana, es prueba de ello.

La Audiencia Provincial juzgaba a un matrimonio de Sanlúcar y sus dos hijos. El testimonio de uno de los primeros detenidos permitió a la Policía seguirles la pista. En el registro de su finca los agentes encontraron casi dos kilos de cocaína, 133 gramos de hachís, dos balanzas electrónicas y abundante dinero.

A pesar de las evidencias, la defensa reclamó la nulidad de las actuaciones por vulneración de derechos fundamentales. Y el juez de la Audiencia Provincial accedió. "No había ninguna razón para que el juez de El Puerto investigara hechos sucedidos fuera de su partido judicial", sostiene en la sentencia el presidente del Tribunal, Lorenzo del Río, que también detectó errores en el auto de registro domiciliario y en que no se informó debidamente del caso a la defensa. "No hay empacho por absolver a personas que pudieran ser culpables pero que, por cuestión de forma, hay que absolverlas", se felicitó el letrado de los acusados.

La Fiscalía ha recurrido ante el Tribunal Supremo y la fiscal antidroga de Cádiz, Ana Villagómez, reconoce que la mayoría de sentencias absolutorias han venido de errores en la instrucción: "Lo que falló fue el mantener una causa cuya competencia debería ser atribuida a distintos juzgados. Eso provocó numerosos retrasos". A la espera de lo que diga el alto Tribunal sobre el recurso, por los juzgados deberán pasar todavía el resto de imputados. Los últimos absueltos se libraron de penas de entre 5 y 16 años de prisión.