"La Xunta anterior hizo una compra masiva de destructoras de papel"

El secretario general de la Consellería de Cultura, Carlos Amoedo, acusó ayer al Gobierno de Manuel Fraga de haber destruido de forma masiva documentos de la Xunta antes de ceder los despachos al Gobierno formado por PSdeG y BNG. Amoedo explicó a los miembros de la comisión de investigación de la Cidade da Cultura que "el electrodoméstico más reciente" que los nuevos responsables políticos encontraron a su llegada a San Caetano fueron "destructoras de papel" adquiridas de forma "masiva" que dejaron los cajones vacíos de cualquier clase de documentación. Incluso los discos duros de los ordenadores, explicó, fueron cuidadosamente borrados.

El número dos de Cultura reveló estos hechos para tratar de desenmascarar las acusaciones del PP de "falta de transparencia". Nunca como ahora un grupo de oposición, subrayó enfáticamente, tuvo acceso a tanta documentación, lo que ha obligado a la Consellería a llevar a cabo "un trabajo titánico" para atender las "prácticas filibusteras" del Partido Popular.

Amoedo acusó también al ex conselleiro Jesús Pérez Varela de haber querido dejarlo todo "atado y bien atado" antes de abandonar el cargo, de manera que los nuevos responsables de Cultura se encontraron, en agosto de 2005, con "compromisos adquiridos muy importantes". En el caso de la Cidade de Cultura, ya se había comprometido 357,61 millones de euros, de los que 92,75 ya era obra certificado, de manera que el proyecto resultaba "irreversible".

El nuevo Gobierno, explicó Amoedo, descartó la cancelación del proyecto porque el derribo de los edificios y la devolución del monte Gaiás a su estado original hubiese supuesto un "coste desmedido" de más de 200 millones de euros. Un "gasto improductivo" que supondría "tirar el dinero por el retrete".

En vez de eso, señaló, la Xunta decidió que era más racional y prudente reconducir el proyecto y continuar con las obras. Para poder hacerlo, negoció con los contratistas afectados un acuerdo de paralización temporal de las obras "en condiciones muy ventajosas" que sólo ha supuesto un coste para la administración de 220.000 euros.

El portavoz del Partido Popular, Ignacio López-Chaves, admitió que, de ser ciertas las acusaciones de Amoedo de destrucción de documentos, se trataría de un delito. Por esa razón reprochó al representante de la Consellería de Cultura no sólo no haberlo llevado a los tribunales, sino haber demorado dos años y medio su denuncia pública. Si no acude a la justicia, aseguró, "es usted cómplice" de lo ocurrido.

López-Chaves no consiguió que el número dos de Cultura atendiera su petición de explicar si el coste final del complejo del Gaiás va a costar más de la suma de las obras adjudicadas y cuánto va a suponer esa desviación. Y acusó a los actuales gestores de nepotismo, a lo que Amoedo replicó recordándole que el actual director financiero de la fundación no es pariente de ningún alto cargo de un partido, a diferencia de su antecesor, cuñado de Mariano Rajoy.

En la misma sesión de trabajo de la comisión de investigación también compareció Juan Hernández López, secretario general de la Consellería de Economía desde agosto de 2005 a septiembre de 2006. Desde su experiencia, Hernández aseguró que "no es normal" afrontar una obra de las dimensiones de la Cidade da Cultura sin contar con un proyecto definido, porque esta circunstancia afecta a los costes.

El hasta hace un año número dos de la Consellería de Economía calificó de "incomprensible" el cálculo de 108 millones con el que la Xunta anterior cifró inicialmente el coste de un proyecto que, por sus dimensiones, cualquier persona con conocimiento en la materia hubiese adivinado que iba a suponer un gasto mucho mayor. Hernández cree que tal vez el Gobierno de Manuel Fraga quiso ocultar deliberadamente el coste real de la Cidade da Cultura para que no generase alarma social.