El Gobierno remite otra ley sin tiempo para aprobarla

Para que no se les hurte la condición de estar gobernando, los gobiernos de turno deben escenificar su mandato. Y eso es lo que está haciendo en las últimas semanas el Ejecutivo andaluz al remitir al Parlamento o anunciar proyectos de ley que no continuarán su recorrido por la próxima convocatoria electoral. De esta manera, visualiza su gestión, pero sin consecuencias inmediatas.

Así, el Consejo de Gobierno aprobó ayer la remisión a la Cámara autonómica de la ley de Municipios de Gran Población que decaerá irremisiblemente (es decir, tendrá que volverse a presentar) por la disolución del Parlamento en enero por la celebración de las elecciones andaluzas del próximo 9 de marzo. Otra ley que va a decaer es la que regula los conflictos familiares. En fase de anteproyecto se encuentran otras dos vendidas por el Gobierno, ambas de gran impacto social: Vivienda, y ley de la Inclusión Social, que regula la renta básica

"Hemos cumplido con el calendario legislativo", sostuvo ayer la consejera de Gobernación, Evangelina Naranjo.

La ley de ciudades no supone ninguna mejora económica para los ayuntamientos, pero sí se les dota de instrumentos de funcionamiento de los órganos municipales más eficaces y ágiles. La futura norma regula la posibilidad de que los ayuntamientos con más de 75.000 habitantes reclamen la condición de gran ciudad. Esta posibilidad está contemplada en la ley estatal de Medidas para la Modernización del Gobierno local de 16 de diciembre de 2003, que deja la regulación en manos de las asambleas legislativas autonómicas.

En vez de hacer una ley específica para cada ayuntamiento que lo solicite, Gobernación ha optado por una norma genérica que concederá la declaración de gran ciudad a todo ayuntamiento de más de 75.000 habitantes que lo solicite, por mayoría absoluta de los plenos municipales, a la Cámara. Los municipios que se pueden beneficiar por ahora son 10: Cádiz, Huelva, Jaén, Jerez, Algeciras, San Fernando, El Puerto de Santa María (Cádiz), El Ejido (Almería), Marbella (Málaga) y Dos Hermanas (Sevilla).

Lo que sí va a tener consecuencias inmediatas y contantes y sonantes es el decreto aprobado ayer para mejorar los complementos salariales de 10.000 empleados públicos, a fecha 1 de enero de 2007, y los 240 euros de más que cobrarán los 800 funcionarios de los 85 registros civiles por la ampliación de horarios por las tardes.