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158 especialistas ponen en marcha la Ley de Dependencia

Malestar de Vicepresidencia por las críticas de Zapatero a las autonomías

La Xunta no se da por aludida por las críticas del Gobierno a la aplicación de la Ley de Dependencia. El Ejecutivo de Zapatero ha reclamado "diligencia y cooperación" a las comunidades autónomas, y que eviten "estrategias partidistas", pero el Gobierno gallego entiende que ha hecho los deberes todo lo rápido que se lo ha permitido el desarrollo legislativo por parte del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Según la Vicepresidencia de la Xunta, de la que depende la aplicación de la ley, sólo Andalucía aventaja a Galicia en el reconocimiento y notificación de los beneficiarios.

Las vías de financiación son varias, pero la Xunta calcula que acabará por aportar la mitad de esa cantidad, unos 80 millones de euros. El resto se sustanciará en una aportación de en torno a los 60 millones del Estado y en otros 20 millones que facilitarán los propios usuarios, mediante el denominado copago de servicios.

La ley dará derecho a percepciones y servicios a 26.000 personas en 2008

El llamamiento de José Luis Rodríguez Zapatero a las comunidades autónomas para que agilicen los trámites no ha gustado en la Dirección Xeral de Acción Social, dependiente de la Vicepresidencia de la Xunta. El director general, Bieito Seara, se declara "desencantado" con las críticas del presidente del Gobierno al ritmo de ejecución de la nueva ley por parte de algunas autónomas. "Nos sentimos dolidos por la falta de respeto institucional", declara Seara. El director general de Acción Social lamenta que el Gobierno haya generalizado sus críticas a las comunidades autónomas.

Para realizar las valoraciones que exige la Ley de Dependencia para establecer las percepciones y servicios a que da derecho, un equipo multidisciplinar formado por 158 profesionales, en su mayoría médicos y psicólogos, trabaja por los ayuntamientos gallegos, nucleado en torno a las siete grandes ciudades. La mayor parte de las valoraciones se realizan en el propio domicilio del solicitante o en centros residenciales. El modelo aplicado es el mismo que se emplea para validar las minusvalías de los discapacitados.

La ley estatal entró en vigor el 1 de enero pasado, y no consta que ningún dependiente haya cobrado la percepción a la que tiene derecho. Vicepresidencia lo atribuye al retraso en la publicación de un decreto del Gobierno central que desarrolla la ley, pero asegura que, mientras, la Xunta ha hecho los deberes, al realizar ya 8.000 valoraciones, la mitad de las 16.000 que corresponden a 2007. Mil de las personas evaluadas han recibido ya la notificación que confirma su condición de perceptores. Según la Xunta, el de Galicia es, después del andaluz, el Gobierno más avanzado en España en la aplicación de la ley.

Antes de que finalice el año, según Acción Social, se valorará a los 8.000 grandes dependientes restantes con derecho a percepción y servicios en el primer ejercicio de aplicación de la ley. Las ayudas a las que da derecho la nueva ley estatal se implantarán progresivamente hasta llegar a 190.000 personas en año 2015, según establece la ley.

Esos 16.000 perceptores de 2007 cobrarán con efecto retroactivo desde el 1 de enero de 2007. A ellos se les sumarán en 2008 otras 10.000 personas con dependencia severa de nivel II. De ahí que el presupuesto se dispare hasta los 160 millones que calcula Vicepresidencia. Por transferencia directa, Galicia recibe una cantidad que en 2007 asciende a 18,5 millones de euros, de la partida de 120 millones que el Estado reparte entre las comunidades autónomas, según los criterios aprobados en el Consejo Territorial de la Dependencia. Dichos criterios atienden peculiaridades específicas de Galicia, como la dispersión de la población o la atención a emigrantes retornados.

La financiación estatal se completa con una aportación próxima al 50% de la percepción. El consejo territorial todavía debe decidir el reparto por comunidades autónomas de la transferencia para 2008, aunque la Vicepresidencia da Igualdade e o Benestar considera que oscilará entre 35 y 55 millones de euros. Para completar la inversión, los Presupuestos de la Xunta para 2008 dotarán a la Dirección Xeral de Acción Social con 268,6 millones de euros, el 73,72% del presupuesto global de Vicepresidencia. De esa cantidad, 56,9 millones de euros se destinarán a plazas públicas de atención residencial. Se calcula que el precio de una plaza residencia cuesta en Galicia unos 1.500 euros.

Con el objetivo de favorecer la permanencia de las personas dependientes en sus hogares el máximo tiempo posible, se reforzarán en 2008 los servicios dirigidos a este fin. Para el servicio de ayuda en el hogar se destinarán 12,1 millones de euros más que en 2007. El esquema financiero previsto en la ley establece un pago a partes iguales entre Estado, comunidades autónomas y beneficiarios. Pero ese esquema se ha desviado en Galicia, donde la Xunta ha asumido una parte de lo que le corresponde a estos últimos, según el director general de Acción Social.

El Sistema Galego de Benestar, implantado por la Xunta, tiene como pilares básicos la creación de una red pública de centros residenciales, de día y de asistencia a domicilio; las prestaciones del cuidador y asistenciales y, por último, el transporte adaptado, para trasladar a los dependientes a los centros donde reciben tratamiento.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 5 de noviembre de 2007