Paralizadas desde agosto las obras del Palacio de Justicia de Navalcarnero

La Comunidad de Madrid adjudicó en junio del pasado año la construcción del Palacio de Justicia de Navalcarnero a una empresa implicada en dos procesos de corrupción en Canarias. La empresa, Mazotti, SA, se encuentra desde el pasado 27 de julio en un proceso de quiebra y suspensión de pagos, por lo que las obras del edificio que albergará los juzgados se encuentran paralizadas desde el mes de agosto.

La adjudicación de los trabajos tuvo lugar el 16 de junio de 2006, por un importe superior a 5,3 millones de euros. Meses antes, en marzo del mismo año, el dueño de la empresa, Alejandro Navarro, fue detenido por un presunto escándalo de corrupción relacionado con el pago de comisiones a cambio de obras públicas en el municipio de Telde (Gran Canaria). En julio de este año volvió a ser detenido por un caso similar en la localidad de San Bartolomé de Tirajana, también en Gran Canaria.

En la actualidad, las obras del Palacio de Justicia se encuentran paralizadas a causa del proceso de quiebra en el que está inmersa Mazotti desde julio. Esa misma situación ha provocado que también estén paralizadas 239 viviendas públicas en el Ensanche de Vallecas, cuya construcción había sido encargada a esta sociedad por la Empresa Municipal de la Vivienda de Madrid.

Un portavoz de la Consejería de Justicia y Administraciones Públicas, dirigida por Alfredo Prada, explicó ayer que "la empresa resultó adjudicataria porque presentó la oferta más baja y cumplía todos los requisitos legales exigibles". Añadió que en la Consejería "nadie conocía hasta ese momento dicha empresa".

Una vez que el Juzgado de lo Mercantil de Las Palmas se hizo cargo de Mazotti, el pasado 27 de julio, nombró administradores y notificó la situación de la empresa a la Comunidad de Madrid. En ese momento se paralizaron las obras y el Gobierno regional abrió un expediente para la rescisión del contrato de la adjudicataria, expediente que se encuentra "en un estado muy avanzado", según indicaron fuentes de la Consejería de Justicia y Administraciones Públicas.

El Grupo Socialista en la Asamblea de Madrid acusó ayer a la Comunidad de "falta de control" en la adjudicación de los trabajos, en los que "no se pusieron las cautelas necesarias".