Ibarretxe, López y Otegi, al banquillo
El juez ve indicios de desobediencia al Supremo por las reuniones durante la tregua
Habrá foto histórica en el banquillo de los acusados. La Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia vasco juzgará al lehendakari, Juan José Ibarretxe, a los dos principales dirigentes del PSE, Patxi López y Rodolfo Ares, y a cinco dirigentes de la ilegalizada Batasuna, entre ellos Arnaldo Otegi y Pernando Barrena, por las reuniones que mantuvieron durante el pasado alto el fuego permanente de ETA.
La fiscalía no acusa porque no hubo un mandato previo que desobedecer
El Foro Ermua pide para Ibarretxe casi tres años de cárcel e inhabilitación
El juez instructor Roberto Saiz ordenó ayer la apertura de juicio oral contra Ibarretxe y contra los dos dirigentes socialistas por entender que hay indicios de que fueron cooperadores necesarios en el delito de desobediencia del que están acusados los cinco dirigentes del partido ilegalizado. La rapidez con la que Saiz ha ordenado la apertura de juicio oral -menos de una semana después de que la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior vasco rechazara los últimos recursos pendientes- hace prever que la vista se celebrará en los primeros meses de 2008, probablemente antes de los comicios generales de marzo.
¿Y dónde se ha producido la desobediencia en esta causa? Donde los ocho imputados ven conversaciones políticas para conseguir "la paz en Euskadi" y apuntalar el ya fracasado alto el fuego permanente de ETA, el instructor de la causa considera que los acusados han desobedecido la sentencia del 27 de marzo de 2003 por la que el Tribunal Supremo ordenó la ilegalización de Batasuna y el "cese inmediato de todas sus actividades". Esa sentencia fue la muerte civil y política del brazo político de ETA, cuyas actividades para entonces ya habían sido suspendidas por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón.
Por eso, el juez entiende que el encuentro mantenido el 19 de abril de 2006 en Lehendakaritza (sede de la Presidencia del Gobierno vasco) entre Ibarretxe y Arnaldo Otegi, Pernando Barrena y Juan José Petrikorena; y también la reunión que celebraron el 6 de julio del pasado año en un hotel de San Sebastián Patxi López y Rodolfo Ares con los dirigentes de Batasuna Arnaldo Otegi, Rufi Etxeberria y Olatz Dañobeitia supondrían un "incumplimiento" claro de la sentencia del alto tribunal que ordenaba el cese total de las actividades de Batasuna.
Este "incumplimiento" al menos "con carácter indiciario", dice el juez en el auto notificado ayer, ha sido confirmado por los acusados durante la instrucción, porque ninguno de ellos ha negado las reuniones. "Sino, antes al contrario, [han sido] confirmadas las reuniones mantenidas" en sus declaraciones como imputados, precisa.
La instantánea en la Sala Civil y Penal del alto tribunal vasco será histórica porque es la primera vez que un lehendakari tendrá que sentarse en un banquillo de acusados. La causa contra Ibarretxe fue iniciada con una querella presentada por el Foro Ermua el 27 de abril de 2006, en pleno alto el fuego, ocho días después del primer encuentro entre Ibarretxe y los dirigentes del partido ilegalizado. La querella sería posteriormente ampliada por otra reunión que mantuvieron el 22 de enero pasado.
En el caso de los dos líderes socialistas vascos, fueron los dirigentes del PP los que presentaron una denuncia el 10 de julio de 2006 por la reunión celebrada cuatro días antes en un hotel donostiarra entre una delegación del PSE y una delegación de la izquierda abertzale. Posteriormente, el Foro Ermua se sumó a la causa con una querella. Ambas causas fueron acumuladas por el juez instructor, que ha ido rechazando en todos estos meses las peticiones de sobreseimiento o archivo realizadas en varias ocasiones por los abogados de los ocho imputados.
La fiscalía del alto tribunal vasco ha mantenido en todos estos meses que no se ha producido delito alguno por esas reuniones. Y que para que exista desobediencia se tienen que cumplir una serie de requisitos que en esta causa no se dan. Entre ellos, la existencia de un "mandato legal y expreso dictado por la autoridad" y que la actitud de las personas requeridas para cumplir esa orden "sea de abierta negativa a obedecerla".
Éste ha sido uno de los argumentos centrales de las defensas, tumbados sucesivamente tanto por el instructor como por la Sala Civil y Penal, presidida por Fernando Ruiz Piñeiro. El juez Baltasar Garzón, por el contrario, rechazó la víspera de su celebración suspender la reunión entre PSE y Batasuna.
En su auto de ayer, el juez instructor resolvió la última cuestión pendiente, invocada por la fiscalía: la imposibilidad de abrir juicio al no existir acusación particular. El Foro Ermua y Dignidad y Justicia actúan como acusación popular.
Para responder a eso, Saiz invoca una sentencia del Tribunal Supremo de mayo de 2003 y un auto del propio tribunal vasco para fundamentar que el ejercicio de la acción popular lo es "en igualdad de plenitud y facultades que el Ministerio Fiscal" para mantener la acusación. Y subraya que en esta causa el bien protegido "tiene naturaleza de bien de interés general o colectivo", lo que le daría un plus para acusar. El magistrado sostiene que en el delito de desobediencia el bien protegido es "el concreto ejercicio de la Administración al servicio de los ciudadanos". Y añade: "Pocas cosas agreden más a ese servicio como el incumplimiento de los mandatos judiciales". Todo ello "vendría a reforzar la legitimación para el ejercicio de la acción popular" y defender el bien jurídico "hasta sus últimas consecuencias procesales". En este caso, en la vista oral.
Las defensas tienen ahora 10 días para presentar sus escritos, mientras que la fiscalía debe presentar en tres días su previsible petición de archivo. El Foro Ermua ha pedido para Ibarretxe dos años y nueve meses de cárcel e inhabilitación para cargo público; para López y Ares, nueve meses de prisión cada uno; para Otegi, cuatro años de cárcel; para Petrikorena y Etxeberria, dos años de cárcel cada uno, y para Barrena y Dañobeitia, un año cada uno. Para estos cinco, inhabilitación para el sufragio pasivo. La petición de Dignidad y Justicia es algo más baja.
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