Columna
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Apaleamientos racistas (II)

La pasada semana, con motivo de la moción que había presentado el PP en el Ayuntamiento de Almería para que el pleno municipal cursara una petición de indulto respecto de dos vecinos de El Ejido que habían sido condenados por el Tribunal Supremo por actos racistas, manifestaba mi opinión contraria a esta petición. Entendía que los indultos deben concederse por razones de justicia, equidad o utilidad pública. Consideraba que respecto de algunos tipos delictivos, como son la violencia de género y la xenofobia, dada la multitud de casos que conocemos en el día a día, no eran de justicia, equidad ni de utilidad pública estas peticiones. Es más, el mejor servicio a la sociedad, es oponerse a ellos. Y como la realidad es tenaz, y nos muestra cada día que aquellos hechos -los que han sido objeto de condena- se repiten, hay que valorarlos en su gravedad individual y proyección sobre la sociedad.

Eran comentarios opuestos a este indulto, que se reforzaban por la existencia de otros actos de análoga calificación y que habían tenido lugar en un tren Cataluña, consistentes en otra agresión por parte de un energúmeno a una joven ecuatoriana por su condición de inmigrante. Entonces fueron aquellos actos, y esta semana parece ser que los de un policía que en Madrid ha golpeado a un peruano menor de edad, también por la misma razón. Realmente, pues, los hechos racistas persisten y se mantienen en toda su extensión y gravedad y no deberían existir conductas, por parte de los representantes de grupos políticos que representan los valores democráticos, que pudieran dar lugar a pensar que se es tolerante con estos comportamientos. Esta imagen, de darse -y una petición de indulto para delincuentes de esta naturaleza tiene toda la pinta de condescendencia- no ayuda a la solución de estos problemas.

La moción, pues, carece de justificación; y no sólo vista desde fuera del grupo político, sino vista por el mismo grupo. Y realizó esta afirmación porque coincidiendo con la publicación de mi opinión, tuve la oportunidad de escuchar a Esperanza Aguirre en el programa Hoy por Hoy de la SER. Decía -se refería a los actos racistas que habían tenido lugar en un tren de Cataluña- que como era posible que el autor de estos hechos pudiera estar en libertad, como también reprochaba que el fiscal no hubiera estado presente en las declaraciones. No quiero pensar que el racismo le fuera indiferente y que su única intención fuera la de poner en evidencia al fiscal.

Quiero pensar que era y es consciente del problema de racismo que sufrimos con demasiada frecuencia, y de ahí su intolerancia para evitar que esta sociedad, a diferencia de la alemana, no mire para otro lado. Es la razón por la que no entiendo que el mismo grupo promueva indultos a favor de personas que han sido condenadas por actos racistas al tiempo que los condena.

Es por ello que el PP en Andalucía, si de verdad quiere resolver y ayudar a resolver este problema, debería empezar por verlo. Y no se ve, ni se quiere ver, si en lugar de intentar que las sentencias sean eficaces y cumplan con la ejemplaridad que se les atribuye, anda para estos actos con aquello de pelillos a la mar. Mejor haría Javier Arenas, en su condición de máximo responsable del grupo popular en Andalucía, en cortar de raíz cualquier comportamiento condescendiente con actos xenófobos y racistas. El racismo y todo lo que representa, como es la creencia de la superioridad absoluta de una raza sobre otras y realizar sobre ella todo tipo de actos con total impunidad, no se pueden favorecer ni siquiera indirectamente. Y mejor haría en empezar a madurar políticamente y encontrar una coherencia necesaria para la democracia, de suerte que se tenga un discurso de coherencia y conciencia sin que, una y otra en democracia, puedan ser distintas en función de que se esté gobernando o en la oposición.

* Este artículo apareció en la edición impresa del martes, 30 de octubre de 2007.