Orza defiende el uso de las fundaciones por motivos fiscales

José Antonio Orza, diputado del PP y ex conselleiro de Economía, defendió ayer en la comisión de investigación de la Cidade da Cultura el recurso a las fundaciones para la gestión de proyectos. A falta de "mejor opinión", precisó, las fundaciones (como la creada para llevar a cabo el proyecto arquitectónico y cultural del Gaiás) son instrumentos útiles por razones fiscales, tanto en lo que se refiere a las aportaciones de los patronos como a la posibilidad de excluir los beneficios (si los hubiera) del pago del impuesto de sociedades. Las fundaciones, explicó, no se someten a control previo por parte de la administración, pero en este caso se tomó la decisión de llevar a cabo "un control financiero permanente" que obligaba a someter a la autorización de la intervención cualquier gasto por encima de una cantidad que no precisó.

Orza aseguró no recordar lo ocurrido con una auditoría interna encargada en 2002 y que, según el portavoz del BNG, Carlos Aymerich, no aparece ahora en la documentación de la Cidade da Cultura. "No tengo razones para aventurar ninguna hipótesis", señaló.

Coste definitivo

Sobre el coste del proyecto, el conselleiro reconoció que existía una "cifra inicial que necesitaba ser completada", tal y como ocurrió cuando se entregaron los últimos proyectos ejecutivos. En cualquier caso, y en la misma línea de Pérez Varela, Orza defendió que la Cidade da Cultura tiene un coste por metro cuadrado inferior al de otros grandes proyectos culturales y se mostró convencido de que acabará creando beneficios importantes "y será amortizado".

La Consellería de Cultura, explicó, realizaba un control macroeconómico del proyecto. Una de las medidas que adoptó fue asegurarse de que el presupuesto anual no superase nunca los 50 millones, con el fin de no poner en peligro otras iniciativas.

Orza dejó sin responder muchas de las preguntas que le formularon los portavoces del BNG y el PSdeG. Entre ellas la autonomía del arquitecto para decidir cambios que supusieran incrementos de coste, la concentración de empresas en la adjudicación de las obras (denunciada por el Consello de Contas) o el momento en que establecieron que el presupuesto inicial se había triplicado. Tampoco aclaró si se estudió el impacto económico del complejo o quién había decidido contratar al cuñado de Rajoy, Manuel Fernández Balboa.