Las empresas mineras explotan en Galicia 300 canteras sin licencia
El sector culpa a la Xunta por colapsar el proceso de legalización de explotaciones
![Sonia Vizoso](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/https%3A%2F%2Fs3.amazonaws.com%2Farc-authors%2Fprisa%2Fc07e3d08-8e8a-499e-824e-e62eba2e6ba1.png?auth=d33bb39b63dbf55bb406e9a53fe3fbce1ad155887b48038f8916443ea7670de6&width=100&height=100&smart=true)
La explotación del rico subsuelo gallego que atrajo a los romanos vive un momento convulso. En las oficinas de Urbanismo de la Consellería de Política Territorial se amontonan unos 300 expedientes de empresas mineras que piden desde 2004 que la Xunta legalice su explotación.
Este grupo de canteras que llevan años funcionando sin licencia urbanística supone el 65% de los más de 450 filones abiertos en el suelo de Galicia para extraer materiales como cuarzo, granito o pizarra. El Parlamento tramita una ley de ordenación del sector, la primera del país, que pretende acabar con este caos, aunque la fórmula elegida por el bipartito disgusta a empresarios, ecologistas y agricultores.
El proyecto de Lei de Ordenación da Minaría de Galicia faculta a la Consellería de Industria para decidir, caso por caso, si legaliza las canteras sin licencia urbanística, tras consultar a la Comisión Superior de Urbanismo y a la Consellería de Medio Ambiente. Industria, señala el texto, deberá valorar "la compatibilidad o no de la explotación con los valores naturales, ambientales, paisajísticos y de patrimonio cultural".
Las compañías que explotan los yacimientos aseguran que, tal y como está redactado, el proyecto elaborado por la Consellería de Industria perpetúa la lentitud de un proceso de legalización que precisaría décadas para completarse. Los empresarios aseguran que esta falta de permisos en regla perjudica su actividad. "Muchos empresarios te dicen que quieren contratar más gente o cambiar la planta pero que no lo pueden hacer porque no saben si dentro de tres meses se la van a cerrar", se queja el director de la Cámara Oficial Mineira de Galicia, José Manuel Álvarez-Campana.
Las propietarias de las canteras sostienen que la falta de permisos urbanísticos les impide acceder a ayudas públicas y paraliza inversiones. "Es un tema dramático", afirma su portavoz, que pide un sistema de legalización "más automático". La cámara minera propone un "acto de reconocimiento administrativo", en el que la Administración se limite a admitir que los datos aportados por las empresas en los expedientes sobre sus años de actividad son correctos.
Ecologistas y sindicatos agrarios reclaman, en cambio, que se aproveche el proceso para establecer mayores controles sobre una actividad que, subrayan, provoca "muy graves impactos sobre el territorio". "La situación de ilegalidad en la que se encuentran las explotaciones mineras no tiene otra responsabilidad que la de las propias empresas, que actuaron con pleno conocimiento de tal ilegalidad, y de las administraciones de minas [Consellería de Industria], política territorial
[Consellería de Política Territorial] y municipales, que la consintieron", señalan Adega y el Sindicato Labrego Galego. Estos colectivos demandan que los trámites de legalización que se detallen en la ley de la minería incluyan "un riguroso estudio de compatibilidad
[de la cantera en cuestión] con los demás usos del suelo" que se den en la zona.
¿Pero por qué funcionan tantas canteras ilegalmente? Fuentes de Política Territorial explican que la Lei do Solo aprobada en 2002 prohibió ubicar explotaciones en suelo rústico de especial protección agropecuaria y forestal y obligó a que las empresas ya emplazadas en estos terrenos sin licencia municipal tramitasen un permiso ante la Dirección Xeral de Urbanismo.
Industria y Política Territorial dicen carecer de datos sobre cuántos yacimientos funcionan sin todos los permisos y son las empresas las que apuntan la cifra de 300. La cámara minera alude a diversas razones para explicar esta situación, que, a su juicio, se repite en otras industrias. "La ley de 2002 le dio una importancia a la licencia urbanística municipal que antes no tenía", alega su director.
La nueva ley amplía el tipo de suelos para abrir yacimientos
La ley de minería impulsada por la Consellería de Industria, que dirige el nacionalista Fernando Blanco, incrementa los tipos de suelo en los que las empresas del sector pueden abrir yacimientos. Si la Lei do Solo de 2002 prohibía estas explotaciones en terrenos rústicos de especial protección agropecuaria y forestal, el proyecto de norma redactado por Industria recoge una reforma de la ley aprobada por el PP para levantar ese veto.
El cambio impulsado por el nacionalista Fernando Blanco le ha parecido excesivo al grupo parlamentario del BNG, que se ha unido al PSdeG para presentar enmiendas al texto salido de la consellería. En su propuestas, socialistas y nacionalistas mantienen la prohibición aprobada por el PP de abrir explotaciones mineras en suelo de especial protección agropecuaria y abren la mano con el territorio de valor forestal.
En las 33 enmiendas presentadas por PSOE y Bloque al proyecto de ley de la minería, también se proponen modificaciones en el proceso de legalización de las canteras que actualmente no tienen permiso urbanístico por encontrarse en lugares de especial protección. Los partidos en el gobierno pretenden que la autorización final dependa del Consello de la Xunta y no de la Consellería de Industria, como recoge el proyecto. Los diputados socialistas y nacionalistas creen que debe ser el conjunto del gobierno el que tome tal decisión, valorando "la compatibilidad o no de la explotación con los valores naturales, ambientales, paisajísticos y de patrimonio cultural existentes".
Facilidades para extraer
La Cámara Oficial da Mineiría de Galicia, que se ha reunido ya con los grupos parlamentarios, aplaude que la ley de minería elaborada por la Consellería de Industria amplíe el tipo de suelos en los que se puede abrir una explotación porque "facilita que las empresas puedan extraer donde hay".
Su director, José Manuel Álvarez-Campana, critica que la Lei do Solo aprobada por el PP en 2002 "casi se olvidó" del sector, al prohibir su asentamiento en terrenos rústicos de especial protección agropecuaria y forestal, una restricción que el bipartito levantará. "Para poner una fábrica de tornillos puedes elegir cualquier sitio, pero la roca de la minería está sólo en uno", arguye el portavoz de las empresas. "En este sector no elegimos la ubicación, ella nos elige a nosotros".
Álvarez-Campana defiende que la explotación minera y la forestal "no son incompatibles" porque tras extraer el material, la zona se recupera. "La gente se cree que llega la mina, destroza y luego desaparece y no es así", afirma el director de la cámara minera, que agrupa a 160 empresas del sector.
Ex alto cargo en la mina
El director de la Cámara Oficial da Mineiría de Galicia, José Manuel Álvarez-Campana, se queja de la mala fama ambiental que tienen las canteras. "La minería se está haciendo cada vez con más cuidado", subraya. El asunto no le es ajeno. El ahora portavoz del órgano que agrupa a las empresas mineras fue alto cargo de la Consellería de Medio Ambiente en el último gobierno del PP. Como director general de Calidade e Avaliación Ambiental, firmó las declaraciones de impacto ambiental de varias concesiones mineras -entre ellas una que la Comunidade de Herdeiros de Antonio Campo Núñez tramitó en 2005 en el ayuntamiento de Ortigueira- y del proyecto de conversión de la mina de As Pontes en un lago con agua del Eume. También dio el visto bueno ambiental a las canteras de cuarzo de la Terra Chá que provocaron una polémica en la comarca. "Son proyectos de explotación iguales a los que se han desarrollado durante decenas de años en municipios como Oroso y Trazo. No se excava ni una decena de metros", defiende Álvarez-Campana. Antonio Campo, el empresario que hasta hace poco fue alcalde de Ortigueira por el PP, acaba de dejar la presidencia de la cámara minera que dirige Álvarez Campana para ser sustituido por Francisco Aréchaga, director de la mina de Endesa en As Pontes.
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