El Gobierno español pone cara de póquer

La rápida expansión del juego por Internet ha creado un gran desconcierto en Gobiernos de media Europa. Pero la actual situación de indefinición, según los ejecutivos del sector, tendrá que solucionarse en breve porque es mala para las arcas públicas (que no perciben impuestos por la actividad) y para los usuarios (que están desprotegidos). Mientras las apuestas online suponían poco dinero no había premura por regularlas. Pero el sector en 2006 movió 413 millones de euros, que subirán a 600 o 700 este año y a casi 1.000 en 2008, y ya no caben dilaciones. "Calculamos", explica Andrea Fabra, del Grupo Popular del Senado, "que la tributación por este concepto podría alcanzar 1.000 millones en 2010".

El juego a través de Internet movió en 2006 unos 413 millones de euros, facturará unos 600 o 700 millones este año y casi 1.000 en 2008

Algunos Gobiernos europeos siguen con la idea de reservar el juego para el sector público, pero ésa no parece ser hoy la opción favorita en España. Se va imponiendo la idea de que, dada la beligerancia de la Comisión Europea, el prohibicionismo estaría condenado al fracaso. Las prohibiciones en Internet suelen tener, además, mala prensa, como se ha demostrado en EE UU con la aprobación del Unlawful Gambling Act, que entró en vigor el año pasado. La decisión ha resultado muy impopular y puede echar a perder al sector local del juego electrónico, una industria con alto soporte tecnológico que tira de otras actividades de producción de software y que el año pasado movió nada menos que 5.700 millones de dólares. Además, le va a crear al país problemas adicionales con la Organización Mundial de Comercio por las quejas presentadas por Barbuda y Antigua (para las que el juego online es su segunda fuente de ingresos) y la solicitud de compensaciones a EE UU por valor de 3.400 millones de dólares.

Todo ello justifica la aparente pasividad y falta de iniciativas concretas por parte del Gobierno español. "Si bien el Ministerio de Hacienda", apunta Xavier Muñoz, socio director de Legal Link, un despacho especializado en Internet, "incluyó una disposición transitoria en la Ley de Presupuestos de 2007, que prohibía el juego online y lo caracterizaba como contrabando, la realidad es que no ha tomado medidas concretas contra esta actividad". Miguel Ángel García Campos, secretario general de Femara, la asociación de operadores de máquinas recreativas, dice que no entiende que se necesite "tanto tiempo para estudiar el tema" y reclama al Gobierno que actúe de una vez. Su asociación ha puesto ya varias denuncias ante el Defensor del Pueblo, la fiscalía y los responsables de juego de las comunidades autónomas, pero con escaso resultado hasta ahora.

Se está dando una tolerancia inaceptable con empresas foráneas, dice García Campos. "No sólo nos perjudica", explica, "porque el dinero que se juega a través de ellas deja de jugarse en los sectores domésticos convencionales, sino porque es un agravio comparativo". Este ejecutivo no entiende cómo, en un sector tan regulado como el juego, se hace la vista gorda ante unos operadores -los de Internet- que actúan sin ningún tipo de autorización. En especial les indigna el tema tributario: "Estas empresas no ingresan un solo euro de impuestos en España mientras que nosotros, sólo por poner una máquina en un bar, tenemos que abonar más de 3.000 euros".

Los empresarios de las máquinas recreativas no son los únicos que echan humo con la competencia sobrevenida de sus rivales online. También Loterías ha elaborado un informe que remitió a Aduanas para que este organismo estudie sanciones contra esas empresas. Una actitud que, según Muñoz, de Legal Link, se justifica a todas luces. "Esas empresas están en situación ilegal ya que, en este país, cualquier empresa que quiera actuar en el sector del juego tiene que tener una autorización".

Los empresarios online discrepan. "No somos culpables de la situación en que nos encontramos", dice Michaud, "que tampoco es buena para nosotros. Somos partidarios de que se adopte una regulación adecuada y unos órganos de control y supervisión".

Es posible que la actitud expectante del Gobierno se deba a la intención de esperar a ver cómo se dilucidan en Bruselas los contenciosos abiertos en este tema con varios países europeos. Y también, según explica Muñoz, de Legal Link, "porque las competencias en materia de juego están transferidas a las autonomías, de modo que son ellas las que deberían actuar, prohibiendo o regulando el nuevo sector". Los empresarios, sin embargo, creen que la regulación del juego online debería ser como mínimo de ámbito estatal.