El plan de nunca jamás
El PGOU de Marbella ideado por la Junta no convence a nadie. Los urbanizadores quieren uno nuevo. Dicen que traerá "crispación e inseguridad jurídica". ¿No eran éstos los mismos que decían que no tener ningún PGOU traía también inseguridad jurídica? En qué quedamos. También aseguran los urbanizadores que ponen colegios en urbanizaciones donde no hay niños, pero no dicen que donde están los niños se ha levantado un bloque de piso y si ya no hay sitio ni para las aulas ni para columpios, cómo lo va a haber para los niños. ¿Sobrarán los niños en Marbella o estorbarán los colegios?
Los promotores afirman además que el PGOU crea situaciones de agravio, aunque no explican quiénes son los agraviados. Podrían ser los que compraron de buena fe una vivienda legal con vistas al mar, pero luego le colocaron delante un edificio construido de mala fe y cuyos pisos compraron de buena fe otros inquilinos. O quienes adquirieron de buena fe un piso junto a un parque y vieron crecer en la hierba otro bloque de hormigón comprado por otras tantas gentes de buena fe. ¿Quién tuvo la buena fe primero? ¿Cómo se mide el nivel de buena fe de cada uno?
La alcaldesa del PP, Ángeles Muñoz, critica que el PGOU se haya hecho de espaldas a la ciudad. No como las casas ilegales -habría que decirle- que se construyeron de espaldas, por delante, por abajo y por arriba de la ciudad. Lo único que tiene claro Muñoz es que ella está al lado de los compradores de buena fe. ¿Pero de cuáles de ellos? Ella no quiere demoliciones, los compradores no quieren compensaciones, y nadie parece dispuesto a pagar los desmanes cometidos. Aquí lo único que se quiere es borrón y un nuevo plan más nuevo. Con esta aspiración, la pasada semana, 2.000 personas se manifestaron para exigir que se elimine este sistema de compensaciones y que no haya que dar terrenos a cambio de legalizar el que los promotores tomaron irregularmente. Al grito de: ¿Dónde estaba la Junta cuando se construyó mi casa?, pedían la regularización de sus viviendas. Nadie se acordó de las constructoras de las viviendas ilegales ni los miembros de las corporaciones que dieron los permisos de esas obras irregulares.
Por ahora, la única realidad es que el PGOU elaborado por la Junta es tan benévolo frente a su propio discurso que las propuestas se acercan más a una amnistía del ladrillo que a un proyecto para regularizar lo irregular. Lo ha advertido Ecologistas en Acción. Con este plan se consideran incompatibles con el planeamiento sólo 700 de las 30.000 viviendas irregulares, 18.000 ya construidas. Las 700 serían las únicas susceptibles de derribar. Por ello, de vivir todavía, el único que habría aceptado este documento de la Junta empiezo a pensar que habría sido Jesús Gil. Él autorizó 30.000 viviendas ilegales 12 años antes de que la Junta dijera donde se podían construir. Y el plan de la Junta certifica que acertó en más de un 90% de las parcelas. Alguien duda que Gil habría aceptado las compensaciones.
El ejemplo evidente de que la administración autonómica ha elaborado un PGOU muy benevolente con los desmanes urbanísticos en Marbella, está en el propio rechazo que ha concitado la propuesta. Se acerca tanto a la amnistía general, que la ha visto posible la mayoría de los que se oponen. Es tan poco ejemplarizante, que nadie acepta ser elegido como ejemplo. De las 700 incompatibles con el PGOU, sólo 350 están habitadas. Se trata de tres promociones que afectan a la calidad de la costa, ocupan superficies con riesgo de inundaciones o donde van obras de infraestructuras. Y aún así, la Junta pide disculpas por declararlas fuera de ordenación. Este PGOU de nunca jamás no convence a nadie. Dicen que es un castigo para la ciudad. Pura falacia. Tan siquiera lo es para la parte de la ciudad que se levantó ilegalmente.
