Los informes encargados por el ayuntamiento avalan la seguridad jurídica de las actuaciones urbanísticas

"No hay datos que digan que no puede ser viable", afirmó la portavoz nacionalista, Elena Moure, en relación con los ajustes y plazos que el gobierno bipartito local se ha marcado para la aprobación del plan general. Moure realizó este escueto comentario tras señalar su satisfacción por los resultados de la comisión delegada de urbanismo, de la que forman parte los portavoces de los tres grupos municipales, convocada precisamente por iniciativa del BNG.

Carmela Silva confirmó que la comisión delegada seguirá reuniéndose y que cada vez que haya cambios en el documento "se informará a todos en aras de la transparencia".

El grupo nacionalista ha reiterado en diversas ocasiones su deseo de que el plan general se apruebe por consenso, posibilidad sobre la que el PP prefiere esperar a conocer más resultados del actual proceso de ajustes.

"Esperaremos al 15 de noviembre para pronunciarnos", señaló ayer el portavoz popular y ex concejal de Urbanismo, José Manuel Figueroa. "Los dos grupos de gobierno no se ponen de acuerdo sobre si se introducirá total o parcialmente el 40% [de reserva de suelo edificable para vivienda protegida]. Cuando sepamos en qué ámbito se introduce y en cuáles no, y por qué sí y por qué no, entonces nos pronunciaremos", dijo Figueroa.

El portavoz popular suscribió la inquietud y críticas formuladas la víspera por los empresarios. A su juicio, el plan general "podría estar ya aprobado" y consideró una "postura demagógica del alcalde" el ajuste del 40% en todos los ámbitos por cuanto en el plan ya había un reserva de 36.000 viviendas protegidas.

Los portavoces de los tres grupos municipales coincidieron en expresar su satisfacción por los resultados de dos informes, uno del secretario de la Xerencia de Urbanismo y otro encargado al catedrático Luciano Parejo, como experto externo, que confirman la seguridad jurídica de todas las actuaciones a que se ha sometido el plan, incluida la orden de la Consellería de Política Territorial que condicionó su aprobación por la Xunta, de lo que se deriva, según Carmela Silva, la concejala de Urbanismo, que el documento remitido por el gobierno del PP a la Xunta "no cumplía la ley".

Curiosamente, también José Manuel Figueroa expresó su satisfacción por el contenido de los dos informes jurídicos, que desmienten "a quienes decían que el plan que aprobamos no se ajustaba a la ley".

Ambos informes destacan asimismo que no será necesario que el documento precise de una nueva exposición pública como consecuencia de introducir el 40% en todos los ámbitos. En ese sentido, también desmienten las presunciones formuladas el miércoles por los empresarios.

Sólo Manoel Soto, del Partido Galeguista, desde su tribuna extramunicipal anunció ayer su intención de recurrir el plan si se aprueba con los ajustes que se están anunciando sin someterlo previamente a una nueva exposición pública.