El juez suspende la vigilancia a trabajadores de la base de Rota

Una sentencia del Juzgado de lo Social número 2 de Jerez de la Frontera (Cádiz) obliga a las marinas de Estados Unidos y España a suspender las prácticas de vigilancia mediante cámaras a empleados civiles españoles destinados en dependencias de la base naval de Rota. El fallo responde a la denuncia presentada el pasado agosto por el comité laboral de la instalación, quien descubrió una cámara y un micrófono en áreas de descanso.

Los dispositivos descubiertos por los miembros del comité laboral estaban conectados a un sistema de seguridad. Fueron localizados en una sala destinada al descanso y vestuario de los trabajadores españoles destinados a Video Mart, una de las áreas de venta del Navy Exchange, el centro de aprovisionamiento de la marina de EE UU en la base.

La sentencia concluye que la presencia del equipo de seguimiento, que se encontraba oculto tras un aspersor contra incendios instalado en el falso techo de la sala, "vulnera el derecho a la intimidad" de los demandantes. El juez ordena "el cese inmediato de dicha conducta lesiva" y condena a los responsables de Defensa a "reponer la situación (...) anterior a la vulneración citada".

El juez considera hechos probados que la cámara fue instalada "sin comunicación previa al comité laboral ni a ninguno de sus miembros" y que el aparato fue colocado en una habitación "privada" y en "un lugar sumamente oculto y difícilmente perceptible por los trabajadores". El texto explica que el dispositivo fue montado en el curso de "una investigación que [la Marina] llevaba a efecto por supuestas irregularidades".

Además, afirma que el equipo "permanecía en pleno funcionamiento, grabando imágenes y conversaciones de los empleados". La zona controlada era empleada, a menudo, como vestuario de los trabajadores y trabajadoras destinados en ese departamento.

A pesar de ello, el juez desestima la petición de 300 euros por cada trabajador afectado en concepto de daños morales, tal y como pedía la acusación, por considerar que "ni se aduce ni concreta ni acredita el daño moral denunciado".

Contra esta resolución cabe recurso de la Abogacía del Estado ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

El presidente del comité laboral, José Sabido, se mostró ayer "muy satisfecho" por el fallo, ya que, "por primera vez, reconoce derechos de los trabajadores que no están reconocidos en el interior de la base" y hace frente a la actitud de la Marina de Estados Unidos que, en su opinión, "sistemáticamente incumple normas básicas".

Sabido explicó que en el resto de dependencias de la base existen "multitud de cámaras de seguimiento y seguridad", pero precisó que ésta era la única que había sido "instalada de forma camuflada". "Con esta sentencia, la ley española pone freno a quienes, en el interior de la base, se toman la justicia por su cuenta", aseguró Sabido. Éste recordó que la plantilla a la que representa, de 1.140 empleados civiles españoles, aún soporta limitaciones "anticonstitucionales" en su convenio colectivo, por su condición de adscritos a la Defensa norteamericana.

El Gobierno español, tras un encuentro celebrado el pasado mes entre miembros del comité y el jefe de Gabinete de Presidencia del Gobierno, José Enrique Serrano, tiene previsto iniciar esta misma semana una nueva ronda de contactos con la Administración de Estados Unidos para abordar las demandas de los empleados.