Constitución: ¿sociedad limitada?

Un magnífico periodista y mejor amigo con el que me crucé el pasado martes en el avión a Madrid, compartió conmigo sus desasosiegos sobre la situación del Tribunal Constitucional. Y sus temores y sus prevenciones eran ciertamente fundadas. No hay duda de que resulta muy preocupante lo que está sucediendo con el Tribunal Constitucional. Y lo es sobre todo porque el descrédito que está implicando la lucha descarnada en su interior sobre su composición, sobre las formas de renovación, con vetos y acusaciones cruzadas entre sus miembros, está simplemente destruyendo un significativo capital de autoridad y de credibilidad democrática. Un capital de legitimidad que presidentes y vicepresidentes como Manuel García Pelayo, Francisco Tomás y Valiente, Francisco Rubio Llorente, Luis López Guerra, Pedro Cruz y Carles Viver Pi-Sunyer supieron conferirle, con una labor contenida de construcción de doctrina que supo ir ajustando el texto constitucional a los cambios sociales y políticos que se fueron produciendo. Y lo hicieron a partir de los valores que cada uno profesaba, pero también de la autonomía técnica e institucional que su posición les exigía. En estos momentos, la situación es tan anómala que, como anticipaba mi amigo, se está poniendo en peligro no sólo el futuro de esa institución, sino incluso el futuro de la propia Constitución.

La incomprensión ciudadana sobre el comportamiento de sus élites puede arrastrarnos aún más en el descrédito general de la política institucional.

¿Como se ha llegado a esta situación? Sin duda, las previsiones constitucionales sobre la composición del Alto Tribunal no fueron todo lo buenas que cabría esperar. De hecho, el acuerdo reforzado al que han de llegar las cámaras para nombrar a los miembros del tribunal deja en manos exclusivas de los dos grandes partidos su designación. Y depende, por tanto, del momento político que se atraviese que se llegue con mayor o menor facilidad a un acuerdo. De existir buen feeling, la cosa se produce con cierta facilidad y puede incluso que los partidos designen, como ha ocurrido, personas realmente muy significativas del panorama jurídico español. Pero si la situación está como ahora, no hay espacio para florituras académicas y cada uno se enfrenta al otro a cara de perro, y el que sale perdiendo es el tribunal. Pero, incluso en el mejor de los casos, es evidente que la composición del tribunal es cosa de dos, de los dos partidos nacionales, agravado además por el hecho de que dos miembros del tribunal son nombrados por el Gobierno, lo que aumenta esta bipolaridad. Y los dos que son nombrados por el Consejo General del Poder Judicial padecen de los mismos problemas que estamos comentando. No hay posibilidad alguna de que exista una vía por la que las sensibilidades territoriales, las visiones plurales de lo que es el país, puedan verse representadas en el tribunal. Si la ha habido, como me consta que ha sido, debe atribuirse a una coyuntura excepcional y totalmente episódica. Y entonces la Constitución acaba siendo vista como algo de propiedad limitada. Es cierto que en los momentos de la LOAPA el Alto Tribunal zanjó la cuestión, desairando en parte las pretensiones uniformizadoras surgidas de los acuerdos entre los dos grandes partidos en plena oleada posterior al 23 de febrero, pero esa prueba de autonomía fue fruto de una visión de autocontención y de sentido institucional en el ejercicio de sus funciones que hoy resulta, lamentablemente, insólita.

Pero, al margen de ello, el otro gran elemento ahora en juego es la propia posibilidad, legal sin duda, pero políticamente absurda, de que tras dos años de debate estatutario en Cataluña, tras todo tipo de tensiones y equilibrios entre partidos e instituciones, tras la aprobación por el Parlament de un texto y la laboriosa aprobación en las Cortes, y tras un referéndum que dejo exhaustos a muchos ciudadanos catalanes de buena fe, el Alto Tribunal, si logra salir del atolladero en el que está, pueda enmendarnos la plana a todos los que contribuimos a que el proceso culminara, con insatisfacciones y frustraciones varias, pero que al fin culminara. Y lo tiene que hacer respondiendo a los recursos de inconstitucionalidad presentados por el Partido Popular y el Defensor del Pueblo (sic). Con mucha más autoridad que yo, lo decía así el catedrático de Derecho Constitucional Javier Pérez Royo en este mismo periódico: "La Constitución y los estatutos de autonomía son simultáneamente documentos políticos y normas jurídicas. Son el punto de llegada de un proceso político, del pacto constituyente o estatuyente, y el punto de partida de un ordenamiento jurídico... El proceso de elaboración de las reformas estatutarias del artículo 151 de la Constitución no es comparable con el que se sigue para la reforma de las demás normas jurídicas sin excepción. La participación de los ciudadanos en referéndum lo convierte en algo cualitativamente distinto. Después de que los ciudadanos han manifestado directamente la voluntad general, no debe producirse control jurisdiccional". Lo que jurídicamente es posible, políticamente es un disparate. Y la legalidad vacía de legitimidad es un artificio que acaba pereciendo.

Si tenemos un tribunal emponzoñado en batallas y desaires cruzados, que está atrapado en votar para saber quién puede votar lo que no debería votar, y tenemos un tribunal que no va salir airoso de ninguna manera de esta situación, lo que deberíamos ir pensando es qué ocurre con el texto constitucional después de tantos zarandeos. Tal vez lo que está ocurriendo es que, si no disponemos de un órgano que permita ir adecuando un texto (forzosamente rígido e interpretable al mismo tiempo) a los cambios y coyunturas por las que pasa el país y que nos permita ir acomodándonos en esa tensión entre modelos territoriales de España que nos acompaña desde hace tanto tiempo, sería mejor empezar a pensar que tenemos que cambiar las reglas de juego y encontrar nuevas formas de arbitraje. Pujol y Maragall nos han advertido de lo que nos puede venir encima. Sería bueno que todos estuviéramos advertidos. La incomprensión ciudadana sobre el comportamiento de sus élites puede arrastrarnos aún más en el descrédito general de la política institucional.

Joan Subirats es catedrático de Ciencia Política de la UAB.