El Congreso rechaza la exigencia del PP de ilegalizar ya a ANV

La política antiterrorista volvió a dividir ayer al Congreso. El PP defendió la ilegalización de ANV, el partido para el que Batasuna pidió el voto en las elecciones municipales, y el resto de los grupos rechazó la propuesta. "Ni lo haremos un día antes de que se pueda ni un día después de que podamos", aseguró el portavoz socialista de Justicia, Pedro Muñoz. El PP exigió al Gobierno que rectifique porque ya hay pruebas de que ANV sigue la estrategia de ETA.

Todos los grupos parlamentarios se comportaron ayer fieles a sí mismos respecto a su forma de encarar la política antiterrorista. Así, el Grupo Popular presentó otra iniciativa, de las muchas que ha defendido a lo largo de esta legislatura, sobre esta materia, y el resto de los grupos le reprochó que insistiera en debatir sobre el terrorismo al tiempo que votaron no a la iniciativa. También se cumplió el ritual: todos los portavoces respondieron al PP desde su escaño sin subir a la tribuna, como forma acordada hace más de un año de mostrar cierta protesta, aunque con respeto, por la decisión del PP de incluir la política antiterrorista en la agenda de temas de oposición.

El PP quiso dar trascendencia a su petición encargando la defensa de la iniciativa a su portavoz parlamentario, Eduardo Zaplana, quien reclamó en la tribuna la ilegalización de ANV; la disolución de los ayuntamientos en los que gobierna y, como consecuencia, la celebración de elecciones en las corporaciones disueltas.

El dirigente popular desgranó una serie de hechos que, a su juicio, fundamentan que "ANV sigue la estrategia de ETA", singularmente porque no condena ninguno de los atentados que ha habido hasta ahora y, además, "tiene la chulería", de informar de que su intención es presentarse a las elecciones generales. "Si no se ilegaliza a ANV es para dejar abierta la puerta al diálogo con los terroristas", interpretó Zaplana.

"Rectifiquen", pidió el portavoz popular, no sin antes dejar para el diario de sesiones un rosario de juicios de valor sobre las presuntas intenciones del Gobierno. "Los desafíos son para la mayoría socialista una cuestión de ritmo y de oportunidad política que ahora conviene aplazar porque vienen las elecciones generales".

El portavoz de Justicia del Grupo Socialista, Pedro Muñoz, acusó al PP de "engañar a los ciudadanos, haciéndoles creer que el Gobierno no actúa debidamente y no cumple con su obligación". Y recordó las candidaturas ilegalizadas de ANV que pretendían concurrir a las elecciones municipales del pasado mayo. "El Gobierno tomará las medidas que correspondan, no lo haremos ni un día antes de que se pueda ni un día después de que podamos". Como jurista, Pedro Muñoz dedicó una parte de su intervención a tratar de demostrar que con los datos actuales no se puede ilegalizar a ANV, pero no cerró ninguna puerta.

El portavoz socialista hizo un recordatorio de la peripecia de ANV, que en el mes de julio de 2001 recibió 700.000 euros del Gobierno en el que eran ministros Ángel Acebes y Mariano Rajoy. Sólo un mes antes se había producido la refundación de Herri Batasuna, que devino en Batasuna, de la que no formó parte ANV, al tiempo que se creó Aralar y Batzarre. "Nosotros no criticamos el resarcimiento que ustedes hicieron a ANV por el patrimonio incautado en la guerra porque sí respetamos que la política antiterrorista la debe dirigir el Gobierno", señaló Muñoz. Gaspar Llamazares, de IU, fue muy contundente en su reproche al PP y más por mezclar la petición de ilegalización de ANV con el planteamiento soberanista de Ibarretxe. "No les basta con romper la unidad de los demócratas, también cuestionan el funcionamiento del Estado de derecho que no les gusta si no es de derechas", afirmó.

Begoña Lasagabaster, de EA, Aitor Esteban, del PNV, Agustí Cerdà, de ERC y Josep María Guinart, de CiU, explicaron su no a la propuesta del PP con argumentos parecidos. Durante el debate se conoció que la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) ha convocado una manifestación "de rebelión cívica" el próximo 24 de noviembre para exigir la ilegalización de ANV y el PCTV. El portavoz parlamentario del PSOE, Diego López Garrido, mostró su "respeto" por los manifestantes, pero afirmó: "No se puede acordar la restricción de derechos ni violentar la ley a golpe de manifestaciones".