El Gobierno y el Consell buscan concretar las ayudas para los afectados

Los afectados por las intensas lluvias que anegaron ocho pueblos de La Marina Alta empezarán a cobrar la próxima semana. La Administración autonómica y central estudian cómo conceder estas ayudas que se fijarán en función de los informes técnicos de los funcionarios. Seis consejeros se reunieron ayer en Alicante con la cúpula empresarial valenciana para pensar cómo ayudar a las familias que se han quedado sin casa. El vicepresidente Económico, Gerardo Camps, solicitó reunirse con su homólogo en el Gobierno, Pedro Solbes, para garantizar que los decretos sean "compatibles".

El viernes tanto el Consejo de Ministros como el pleno del Consell tienen previsto aprobar decretos con ayudas para los damnificados por la riada del viernes.

El pulso y la bronca política que mantiene el Consell con el Gobierno de Madrid parece que se podría extender también a este tema. El vicepresidente Económico, Gerardo Camps, insistió ayer en que había solicitado "por segunda vez" reunirse con el vicepresidente Económico del Gobierno, Pedro Solbes, para consensuar la aplicación de las ayudas. "Hay que hacer compatibles los dos decretos para evitar problemas futuros", explicó Camps, que puso como ejemplo las ayudas que el Instituto Valenciano de la Vivienda quiere lanzar para la reconstrucción de las viviendas afectadas y las que tiene previsto el Ministerio. Camps acusó al Gobierno de Zapatero de no haber querido declarar zona catastrófica a estos municipios, y por su lado, Antoni Bernabé, explicó que esa figura "ya no existe" y que el Consejo de Ministros aprobará unas medidas especiales por "daños catastróficos".

El representante del Gobierno central, repasó los medios humanos y materiales que han enviado a la zona para atender a los damnificados y expresó el "total compromiso" con las víctimas de esta riada.

Al mediodía, el vicepresidente Económico del Consell, Gerardo Camps, del PP, aseguró que los funcionarios de la Generalitat trabajan "a pie de cada casa" en la zona afectada para dibujar una "radiografía perfecta" de los daños económicos y de las necesidades. El Consell establecerá unas ayudas sociales para la compra de enseres y electrodomésticos dañados que se adquirirán con unos bonos o cheques y luego están por concretar las subvenciones para la reparación o rehabilitación de edificios.

El titular de Economía, que no supo concretar el montante económico de las ayudas, estimó que podrían alcanzar a unas 600 familias. Los empresarios, que el Consell ha instado a implicarse en la resolución del problema, se encargarán de facilitar los bonos o los cheques "a coste cero" para que puedan comprar los enseres dañados. Modesto Crespo, presidente de la patronal de Alicante Coepa, asume la coordinación de esta operación. Al tiempo, también se encargarán de hablar con empresarios del sector inmobiliario para facilitar viviendas en alquiler para las familias que no puedan volver a sus casas. Rafael Ferrando, presidente de Cierval, también acudió a la reunión.

Mientras los políticos se ponen de acuerdo, empiezan a circular los primeros cálculos de los daños causados por las lluvias. La Diputación de Alicante estima que sólo en las carreteras y caminos rurales de La Marina Alta y La Marina Baixa, dependientes de la Diputación de Alicante, han sido estimados en cuatro millones de euros, de los 600.000 se vinculan con el hundimiento del puente de Beniarbeig sobre el río Girona. Otras entidades también quieren colaborar. La Caja del Mediterráneo anunció ayer que ofrece "ayuda directa e inmediata" a todos los damnificados bien a través de créditos blandos o mediante asesoramiento en el cobro de sus seguros. Cáritas Diocesana ha abierto una cuenta de emergencia en Bancaixa a favor de los afectados, mientras que la Cruz Roja cifró ayer en unas 300 personas las atendidas a raíz de las fuertes lluvias.