Inflación especulativa

No faltarán las explicaciones pesimistas que identifican el repunte de los precios en septiembre -del 0,3% durante el mes y de cinco décimas la tasa interanual, hasta el 2,5%- como un signo inequívoco de que la economía española ha entrado en una fase crítica de empeoramiento económico. Sin embargo, el desbordamiento mensual de los precios responde a causas que poco tienen que ver con la crisis que se proclama desde algunos sectores políticos, quizá para propiciar un cambio de gobierno en las próximas elecciones. Para empezar, algunos gabinetes de análisis económico habían llegado a pronosticar una subida de la inflación de hasta un 2,8% el mes pasado, una cifra que no se ha alcanzado gracias a la caída de los precios del ocio, hostelería y turismo. Aunque el dato es malo, no ha crecido el diferencial de seis décimas con el resto de la zona euro.

El motivo más grave de preocupación es el continuado incremento de los precios de algunos alimentos. La leche y los huevos se encarecieron en torno al 6% en septiembre, pero algunos informes mencionan ya encarecimientos de hasta el 12% en un mes en marcas conocidas o de uso masivo. También han subido de precio el pan o determinados tipos de carne. Las explicaciones culpan de esta escalada al encarecimiento de los cereales -causado a su vez por su uso creciente para producir biocarburantes-, al crecimiento exponencial de la demanda de alimentos de países emergentes, pero de gran consumo, como China e India, y a la inadecuada conformación de las cuotas de producción agrícola en la Unión Europea. Pero no hay que dar nada por sentado. El porcentaje de cultivos destinados a convertirse en combustibles es todavía muy pequeño para explicar tal subida, aunque es recomendable revisar la política de cuotas o contingentes en Europa.

Pero, además, las autoridades económicas tienen que vigilar las cadenas de distribución para descartar que se produzcan subidas especulativas que se aprovechan de la escasa competencia. No es la primera vez que las expectativas creadas en torno a la demanda de un bien -en este caso, de cereales y alimentos básicos- se utilizan como excusa para encarecerlo. Otra cosa es que el Gobierno, las autonomías y los municipios tengan la voluntad y los recursos para ejercer tales inspecciones.