EHAK defiende su derecho a la actividad parlamentaria y tacha de "fascismo" las detenciones de Batasuna
El grupo parlamentario de la izquierda abertzale en la Cámara vasca, EHAK, cuya sede en San Sebastián registró el viernes la policía, se adelantó ayer a proclamar que tiene "todo el derecho del mundo" a seguir ejerciendo su actividad en esa institución. También exigió a los otros grupos acciones más decididas en su defensa, probablemente en busca de un pronunciamiento del Parlamento en su favor.
El grupo compareció casi al completo para apoyar la lectura de un comunicado por su portavoz, Nekane Erauskin, que hizo extensiva la misma reivindicación para ANV, el partido para el que pidió el voto Batasuna en las elecciones municipales.
Erauskin rechazó las detenciones de dirigentes de Batasuna, que calificó de "fascismo", y las consideró prolongación de la misma estrategia "para cerrar las puertas a la independencia" que habría mantenido el PSOE en el fracasado proceso de paz.
En la misma línea se expresó el grupo de ANV en las Juntas Generales (parlamento provincial) de Álava, donde anunció una moción ante "la extrema gravedad de la situación".
Por su parte, el portavoz y único miembro significado de Batasuna en libertad, Pernando Barrena, acusó ayer al Gobierno de "apostar por abrir un nuevo ciclo de violencia". Barrena señaló que su temor a ser detenido "no es nada" en comparación con el que le produce "el posible nivel de confrontación" que pueda derivarse de las detenciones, informa Yolanda Montero.
Desde la izquierda abertzale que sí se ha desmarcado de ETA, el coordinador general de Aralar, Patxi Zabaleta, manifestó que el encarcelamiento de dirigentes de Batasuna "trunca cualquier posibilidad de evolución" en su seno, "porque los empuja a cohesionarse frente a un Gobierno que les persigue".
El portavoz del PNV, Iñigo Urkullu, tachó de "exageración" afirmar que ETA y Batasuna son una misma cosa, aunque sí apuntó que la formación ilegalizada tiene su estrategia supeditada a la de la banda terrorista. Urkullu consideró que con las detenciones se ha producido una "aplicación arbitraria de la ley".
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