Himnos y ofensas

LOS DELITOS DE INJURIAS contra la Corona (una caricatura de los príncipes de Asturias publicada por una revista satírica y la quema de fotografías de los Reyes por jóvenes independentistas catalanes en Girona) instruidos por la Audiencia Nacional han suscitado una polémica académica y periodística sobre la reforzada protección penal de que gozan los miembros de la familia real víctimas de acciones y expresiones dirigidas a lesionar su dignidad, menoscabar su fama o atentar contra su autoestima. ¿Respetan el principio de proporcionalidad las condenas que castigan con privación de libertad las ofensas de hecho o de palabra a los Reyes y a sus ascendientes y descendientes? ¿O implican más bien un agravio comparativo para los demás ciudadanos? ¿Es equitativo el agravamiento de las penas en función del rango de los injuriados o más bien el Código debería elevar en su caso el techo de tolerancia por su condición de figuras públicas de acuerdo con la jurisprudencia del Constitucional? ¿Prevalecen la libertad ideológica y la libertad de expresión -en tanto que derechos fundamentales- sobre los preceptos sancionadores de las opiniones políticas, por vejatorias y zafias que sean sus palabras o conductas expresivas?

El PP pretende centrar la agenda electoral sobre la política de símbolos, la forma monárquica de Gobierno, la propuesta de Ibarretxe y las reivindicaciones independentistas

El sistema democrático descansa sobre la opinión pública libre e informada, que tiene el derecho a conocer toda la gama de preferencias de la sociedad pluralista. Los pirómanos de las fotografías de los Reyes y los tertulianos de la Radio de los Obispos que exigen la abdicación de don Juan Carlos serían clasificados en la mayoría de los países democráticos dentro de la categoría inofensiva -aunque muchas veces molesta- de los frikies políticos. Sin embargo, los paranoides temores a que esos comportamientos minoritarios sean la chispa maoísta causante de un pavoroso incendio antimonárquico han sobreactuado los esfuerzos retóricos de los abogados de oficio de la Corona para sofocar las llamas, con el efecto perverso de propagarlas.

Para desorbitar todavía más el problema y agigantar sus implicaciones, dos hechos tan diferentes entre sí, como fueron la quema de fotografías de los Reyes y la petición de abdicación de don Juan Carlos, han sido amalgamados de forma no menos heterogénea con los incumplimientos de la ley de banderas de 1981 por los ayuntamientos -sobre todo- de Cataluña y el País Vasco, la hoja de ruta propuesta al Gobierno por el lehendakari Ibarretxe para celebrar un referéndum de autodeterminación y el concurso de letras para el himno nacional. Con las urnas a la vuelta de la esquina, los cocineros del PP han arrojado todos esos ingredientes en el puchero con el propósito de resituar en el centro de la agenda electoral las amenazas a la unidad de España provocadas por la supuesta política claudicante del Gobierno de Zapatero hacia Cataluña y el País Vasco, acompañadas ahora por los desafíos a la Corona como "símbolo de unidad y permanencia" del Estado.

La excluyente campaña lanzada por el PP a fin de comparecer el próximo 12 de octubre -día de la Fiesta Nacional- como único o principal depositario de las esencias patrias -"somos España"- se propone patrimonializar de forma partidista las instituciones, los símbolos y la historia comunes a todos los ciudadanos. El Rey se identificó el pasado martes en la Universidad de Oviedo con los valores de convivencia, tolerancia y libertad que han hecho posible el más largo periodo de estabilidad y prosperidad en democracia vivido por España "en el marco del modelo de Monarquía parlamentaria que sustenta nuestra Constitución". Esas palabras deberían servir de advertencia a los dirigentes populares que pretenden secuestrar a la institución en su exclusivo provecho para expulsar más allá de las fronteras de la legitimidad política -"somos España"- a quienes discrepen de su visión del pasado y de sus proyectos futuros. Hay precedentes ominosos de esa actitud: Isabel II y Alfonso XIII (tatarabuela y abuelo de don Juan Carlos) fueron destronados con ayuda de los cortesanos que consideraban a la Monarquía como una finca propia e impidieron su nacionalización política y su transición gradual a un régimen parlamentario.