Una década de acoso judicial

La detención de 22 dirigentes de Batasuna ordenada por el juez Baltasar Garzón durante la reunión que celebraban el pasado jueves en Segura (Guipúzcoa) es el último capítulo del cada vez más estrecho cerco judicial al brazo político de ETA. En los últimos 10 años, los tribunales han incrementado el acoso a la banda terrorista mediante la ilegalización de las organizaciones que apoyaban sus acciones y Batasuna se encuentra entre ellas. Estos son los principales procesos en los que miembros de esta formación se han visto implicados.

Diciembre de 1997 La cúpula entre rejas

El Tribunal Supremo condenó el 1 de diciembre de 1997 a los 23 miembros de la cúpula de Herri Batasuna a siete años de cárcel y 3.000 euros de multa a cada uno de ellos por un delito de colaboración con banda armada. Los dirigentes de la organización habían difundido un vídeo sobre la Alternativa Democrática de ETA con lo que, según el tribunal, HB cedió "mucho más que la voz y la palabra" a "una organización criminal que se propone dominar por el terror la sociedad".

Con las imágenes, según el tribunal, se hacía "no sólo promoción de la parafernalia de ETA (compuesta por capuchas, emblemas y anagramas) sino la de sus contundentes argumentos" y "la latente amenaza de violencia".

Año y medio después, el Tribunal Constitucional anuló la condena por considerarla desproporcionada. Sus magistrados consideraron que la difusión del vídeo debía castigarse con una pena menor a la que establecía el precepto penal, cuya constitucionalidad pusieron en duda.

Julio de 2002 Jaque a las organizaciones satélites

El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón concluyó el 1 de julio de 2002 el sumario 18/98 contra el entramado político, mediático y financiero de la banda. El juez pasa a considerar como parte de ETA a organizaciones satélites como KAS y Ekin y procesa a 64 de sus miembros como militantes de la banda terrorista, que se amplía a su aparato político, su red internacional, su entramado propagandístico y la coordinadora de enseñanza del euskera.

Durante la instrucción se ordenaron siete operaciones que llevaron a la ilegalización de KAS, el cierre del diario Egin, Egin Irratia y la revista Ardi Beltza, la ilegalización del aparato de relaciones internacionales Xaki, la del aparato político Ekin, la de la organización de desobediencia civil (fundación Josemi Zumalabe) y la de la coordinadora de enseñanza del euskera para adultos AEK.

Entre los implicados se encontraban seis ex parlamentarios vascos de Herri Batasuna. El juicio se celebró el pasado febrero y está pendiente de sentencia. El fiscal rebajó a la mitad su petición de penas para los 52 imputados contra los que presentó acusación.

Agosto de 2002 Suspensión de actividades

La muerte civil de Batasuna se produjo el 26 de agosto de 2002, cuando Garzón decretó la suspensión cautelar de actividades del entramado HB-EH-Batasuna por considerar que la formación abertzale era "una de las partes o estructuras que forma parte del complejo o grupo terrorista", en referencia a ETA, a la que considera presunta autora de "crímenes contra la humanidad".

La resolución suspende todas las actividades privadas o públicas de Batasuna, clausura sus sedes, suspende sus ayudas, prohíbe sus manifestaciones y actos públicos y hasta cancela su página web.

17 de marzo de 2003 Ilegalización

Batasuna es un partido ilegal desde el 17 de marzo de 2003, cuando la Sala Especial del Tribunal Supremo ordenó su disolución en aplicación de la Ley de Partidos Políticos, aprobada con el apoyo del PP y el PSOE el 27 de junio de 2002. La sentencia, adoptada por unanimidad, considera que Batasuna no sólo daba "cobertura política" y "justificación ideológica" a ETA, sino que tras su sigla se ocultaba "la organización terrorista".

Lo demuestra el hecho de que los miembros de su cúpula hayan dependido siempre "de la confianza estricta de la banda" y no de las dinámicas propias de los partidos, según el tribunal.