La caja 507 y el urbanismo

No sé si cualquier coincidencia es fruto de la casualidad, ni recuerdo si existía esta advertencia, pero la historia de la película española La caja 507 -rescatada del estante una tarde de verano- parece una historia reciente y ya sabida. La caja guardaba documentos que probaban la existencia de una red dedicada a convertir en urbanizables terrenos protegidos en la zona costera, previo pago de comisiones a funcionarios y concejales sin escrúpulos.

Al final de la película todos cayeron enredados en sus propias acciones y el protagonista se cobró la venganza con una suma de dinero en su cuenta corriente. La única referencia a la ley y a la justicia la hace el periodista del film cuando, tras recibir las pruebas, pregunta: "¿Por qué no lleva esto a los jueces?", y se le contesta "Ustedes hacen más daño...."

Los "hechos consumados" se presentan como obstáculos para ejecutar unas sentencias que declaran ilegales unas licencias

Pero el daño ya estaba causado y las grúas ya habían realizado su trabajo a lo largo de la costa, colmándola de edificios sin especiales dificultades. Casos recientes en nuestras costas andaluzas, como en otras de España, han puesto de manifiesto que los intereses económicos que se mueven alrededor del urbanismo diseñan estrategias y complicadas redes que se aprovechan de la ambición de algunas personas y de la indeterminación de las leyes de ordenación del territorio y protección del medio ambiente.

El funcionamiento de estas redes y estrategias es mucho más rápido que el de las instituciones, encargadas de prevenir o sancionar las actividades ilegales a través de la aplicación de las normas y de los procedimientos judiciales. Los "hechos consumados" y la evitación de perjuicios a terceros que compraron la vivienda con buena fe, con demasiada frecuencia, se presentan como obstáculos para aplicar unas normas o para ejecutar unas sentencias que declaran ilegales unas licencias de construcción o unas modificaciones parciales del planeamiento del territorio.

Para evitar los "hechos consumados" y perjuicios a terceros, resulta importante contar con medios legales que reaccionen de una manera rápida ante las posibles vulneraciones de la normativa urbanística -esto es, medidas cautelares en forma de ordenes de paralización de obras o suspensión de licencias o de acuerdos urbanísticas- sin necesidad de esperar a que termine con sentencia el largo y complicado proceso judicial. En la actualidad, nuestros Tribunales vienen afirmando que si las medidas legales de reacción se demoran en el tiempo, se corre el riesgo de que las normas urbanísticas pierdan vigencia efectiva en el entorno social, que puede llegar a contemplar como conductas aparentemente permitidas lo que son actividades no autorizadas o clandestinas. Por ello, la efectiva realización de las medidas legales de reacción frente a dichas actuaciones constituye un bien jurídico a preservar y una medida de protección del interés general.

Junto a la reacción preventiva, las personas necesitan una decisión judicial definitiva -que cierre la controversia jurídica- en un tiempo razonable y no en la media de un lustro, como generalmente ocurre con la tramitación de los procesos sobre Planes Generales o proyectos de urbanización en nuestras Salas de lo Contencioso Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia.

Desde hace varios años, las memorias anuales de su Sala de Gobierno han advertido de la enorme bolsa de pendencia y de los miles de asuntos sin respuesta definitiva. Sistemáticamente se ha solicitado la ampliación del número de miembros de la Magistratura dedicados a estos temas. Recientemente, el Ministerio de Justicia ha aprobado ocho nuevas plazas en total para Granada, Málaga y Sevilla. Es positivo este esfuerzo presupuestario, pero todavía no hemos superado la lentitud y complicación que siempre han impregnado estos procesos judiciales, en los que forman pareja forzosa dos organizaciones fuertemente burocratizadas: la Justicia y aquélla que ha dictado el Acuerdo urbanístico.

Para sacar la bolsa de pendencia y tramitar con celeridad los asuntos, será necesario agilizar los actuales procedimientos, poner en marcha una oficina judicial más moderna -con clara delimitación de responsabilidades- y suficientes miembros de la Magistratura especializados en urbanismo. Quizá entonces podamos decir que películas como la que motivaron esta reflexión solo pertenecen a la ficción.

Inmaculada Montalbán Huertas es Magistrada del TSJA. Premio Nacional 2003 del Consejo General del Poder Judicial.