Cinco años de proceso para poner fin a ETApm

El 25º aniversario del anuncio de disolución de la rama político-militar de ETA, los polimilis, se cumplió ayer, casi cuatro meses después de que la ETA que continuó la actividad terrorista declarara oficialmente el fin de la tregua y la vuelta a los atentados. El 30 de septiembre de 1982, los líderes de ETApm comparecieron en una rueda de prensa en la localidad vascofrancesa de Biarritz para comunicar, por vez primera a cara descubierta, su voluntad de poner fin a la violencia. Llevaban ya año y medio de tregua y en su seno se iban imponiendo las tesis favorables a poner fin a la lucha armada.

Los polimilis habían comenzado el proceso hacía la desaparición definitiva mucho antes. Los primeros pasos fueron la participación en las primeras elecciones democráticas de 1977 a través de Euskadiko Ezkerra (EE), el partido que lideraban Juan María Bandrés y Mario Onaindia, y el posterior apoyo al Estatuto de Autonomía de Gernika. En sus últimos años de existencia, ETApm justificó su actividad por la exigencia de un estatuto. Conseguido éste en 1979, se abrían las puertas del abandono de las armas. El proceso de disolución se prolongó hasta enero de 1985, cuando regresó de Francia el último dirigente de la organización. El contexto no pudo ser más difícil: ETA asesinó entre 1978 y 1980 a 234 personas, y días antes de la declaración de la tregua, se produjo la intentona golpista del 23-F.

El final de ETApm se saldó con el abandono de las armas de unos 120 terroristas en activo. Fuera quedaron los miembros de un pequeño grupo que volvió a la actividad y entró pronto en descomposición, y quienes optaron por integrarse en ETA Militar. Fueron casi cinco años de tensiones internas y delicadas negociaciones, que pusieron en marcha el entonces ministro de Interior, Juan José Rosón, del Gobierno de Adolfo Suárez, y Onaindia, secretario general de Euskadiko Ezkerra.

Los testigos recuerdan que se llevaron al límite las posibilidades legales para permitir el regreso de los polimilis a la vida civil, con la colaboración de la policía, los fiscales y los jueces de la Audiencia Nacional. Tras el triunfo socialista en octubre de 1982, el Gobierno de Felipe González respetó los compromisos adquiridos por la UCD. Excepto unos pocos miembros que se instalaron en el extranjero, los polimilis se reinsertaron sin grandes problemas. Las muestras de desprecio, las amenazas y las agresiones llegaron de los ambientes que apoyaban a ETA militar.