La juez acusa a 13 funcionarios de Quatre Camins de infligir torturas y lesiones a presos

Un total de 13 funcionarios de prisiones de Quatre Camins están a un paso de sentarse en el banquillo de los acusados. El Juzgado de Instrucción número 3 de Granollers considera que podrían haber cometido un delito de torturas y otro de lesiones la noche del 30 de abril de 2004, cuando supuestamente propinaron palizas a un grupo de presos como represalia al motín ocurrido horas antes, en el que fue herido de gravedad el subdirector de régimen interno. Entre los acusados figuran el director de la cárcel en aquel momento y el subdirector médico.

A los funcionarios de prisiones, como a los policías, se les identifica por su carnet profesional en los procedimientos judiciales. Los que están acusados por estos hechos y que con toda probabilidad se sentarán en el banquillo de los acusados tienen los números 1, 40, 132, 171, 220, 242, 245, 270, 1053, 1123 y 1417.

Además de ellos, la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Granollers acusa también de los supuestos delitos de torturas y lesiones a Diego Enríquez Vázquez y a Xavier Martínez Redondo. El primero era el director de la cárcel cuando se produjeron las supuestas agresiones a los presos y fue relevado por el Departamento de Justicia de la Generalitat a los cuatro meses.

El segundo ocupaba el cargo de subdirector médico de Quatre Camins y fue despedido al poco. Después recurrió por la vía judicial, fue readmitido y actualmente está destinado en la cárcel de Ponent (Lleida). En cuanto al ex director, ahora ocupa un cargo de responsabilidad en la Comisión Territorial de Asistencia Social Penitenciaria.

El último motín

Los hechos que ha investigado el juzgado durante más de tres años ocurrieron la madrugada del 1 de mayo de 2004. Horas antes se había producido un motín, en el que se rebelaron 77 de los pocos más de 200 presos del módulo 1. Durante esos hechos quedó herido de gravedad el sudirector Manuel Tallón.

Éste fue evacuado a un hospital e inicialmente se temió por su vida. Al cabo de unas horas acudió a la cárcel prácticamente toda la plantilla para interesarse por lo ocurrido. Hasta 200 funcionarios fuera de servicio se reunieron en el patio y desobedecieron la orden de dispersarse que recibieron del secretario general de prisiones, Albert Batlle. Al final abandonaron la concentración y un grupo numeroso decidió dar un escarmiento a los presos por la agresión infligida al subdirector, según han explicado los reclusos ante el juez.

De esta manera, cuando los presos estaban en sus celdas y la paz había vuelto a la cárcel, fueron sacados para ser trasladados a otras prisiones. Y fue en ese trayecto cuando supuestamente les propinaron todo tipo de golpes con una gran virulencia. Los detalles que han explicado al juez las supuestas víctimas resultan espeluznantes.

El Departamento de Justicia, que entonces dirigía el consejero Josep Maria Vallès, abrió una investigación interna y expedientó de manera cautelar a un grupo de funcionarios, por considerar que 28 presos podían haber sufrido malos tratos. Finalmente, sin embargo, dio carpetazo al asunto, aun a sabiendas de que había un procedimiento penal en marcha. La actuación habitual de la Administración es suspender la tramitación de ese procedimiento en tanto no se resuelva la vía penal. Y no sólo eso: que Justicia tampoco llevó el caso al juez, sino que lo envió a la fiscalía para que decidiera qué hacer. Esa actuación fue duramente criticada por diversas entidades de juristas de carácter progresista.

Mientras tanto, la vía judicial empezó a funcionar y ahora, más de tres años después, el juzgado de Granollers ya ha concluido la investigación que se inició tras las denuncias presentadas por un grupo de internos supuestamente apaleados. La ley determina que al concluir una investigación judicial, el juez tiene dos opciones: o archivar la causa si cree que los hechos no son delictivos o continuar con su tramitación si cree que sí lo son y de lo investigado se desprende la existencia de indicios racionales.

A las puertas del juicio

En este caso, el juez ha optado por la segunda vía y ha dictado un auto, que técnicamente se llama de acomodación al procedimiento abreviado, para que las acusaciones particulares y el fiscal le soliciten la apertura de juicio oral o que se practiquen nuevas pruebas. La fiscalía aún no se ha posicionado, aunque en los escritos presentados durante la tramitación de la causa deja entrever que formulará cargos. El Departamento de Justicia ha declinado pronunciarse sobre la decisión judicial.

Quienes seguirán ejerciendo la acusación serán los presos denunciantes. La celebración del juicio, por tanto, parece más que probable. Sólo se evitaría si prosperasen los recursos de las defensas contra ese auto judicial, algo que prácticamente no ocurre nunca en casos así. Durante la tramitación de la causa los abogados defensores han alegado indefensión, pero la juez ha rechazado ese argumento por considerar que en todo momento han tenido conocimiento de la investigación y han podido alegar lo que considerasen oportuno.

Además de este juicio, en el que aparecen como víctimas, otro grupo de presos, está pendiente de que se señale la fecha del juicio por la agresión al subdirector de la cárcel. En esa vista serán los acusados.