Un tribunal anula el pago de más de 10 millones adjudicados a dedo en Castellón

El juzgado de lo contencioso-administrativo número 1 de Castellón ha declarado "contrario a derecho" el procedimiento por el que el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Castellón, del PP, ha pagado desde 2005 todas las facturas por servicios adjudicados a dedo y sin que mediara concurso alguno. Estos pagos por 10 millones de euros, conocidos como reconocimientos extrajudiciales, fueron aprobados por la junta de gobierno local y no por el pleno municipal, órgano que, según señala el tribunal en la sentencia, es el único con competencia para hacerlo.

La aplicación de este procedimiento comenzó en 2005 y se ha mantenido hasta ahora. Según los datos aportados en el sumario judicial, los pagos efectuados con este sistema en casi dos años de aplicación ascienden a más de 10 millones de euros.

El PP decidió, en 2005, sacar adelante todos estos pagos eludiendo la fiscalización que supondría su paso por el pleno y la crítica pública de la oposición. Así, decidió aprobar una norma para la ejecución del presupuesto de 2005 que atribuía a la junta de gobierno local, formada sólo por miembros del equipo de gobierno, la aprobación y reconocimiento de las obligaciones "ilegalmente adquiridas", tal como señalaba la demanda presentada por el grupo municipal socialista, entonces encabezado por Ignacio Subías. Ésta indicaba además que la intención del PP era la de "sustraer del pleno municipal una competencia" y "vulnerar el derecho de los recurrentes a participar en los asuntos públicos en condiciones de igualdad al impedir que dichos acuerdos sean fiscalizados por parte de los miembros del plenario".

La sentencia dictada ahora señala que "tratándose de reconocimiento de gastos ilegalmente adquiridos, la competencia es del pleno". Además, añade que se trata de una materia "en la que no cabe delegación". El PP alegó entonces que no pretendía la ocultación de estos pagos sino ganar celeridad. El fallo indica que "si bien la actuación de las administraciones debe regirse por el principio de celeridad, también es cierto que es primordial el principio de transparencia" y recuerda que se trata de gastos asumidos "omitiendo todo procedimiento administrativo (...), que no se amparan en ningún contrato previo". Con esta base, estima el recurso presentado por los concejales del anterior grupo municipal socialista y declara las resoluciones adoptadas con la aprobación única de la junta de gobierno "contrarias a derecho", por lo que, en consecuencia, también las anula y las deja "sin efecto". Ante la decisión del tribunal cabe un recurso pero, de no modificarse el sentido, el PP deberá ahora pasar por pleno todos los pagos que sacó adelante con el único visto bueno de la junta de gobierno.

El portavoz del actual grupo municipal socialista, Juan María Calles, aseguró que la sentencia "pone de relieve que el PP en el Ayuntamiento es mal gestor de las cuentas públicas y de los presupuestos municipales".

Por su parte, el coordinador del área de Hacienda, Juan José Pérez Macián, anunció ayer mismo: "Los servicios jurídicos del Ayuntamiento han comenzado ya a estudiar los términos en que se presentará recurso contra esta sentencia que, por supuesto, respeto, pero que en absoluto comparto". Para el concejal popular, "el Ayuntamiento de Castellón ha actuado siempre con máxima transparencia y legalidad en la distribución de las competencias del gasto municipal" y el pago de las facturas se ha realizado "siempre y escrupulosamente con absoluta legalidad y transparencia, poniendo a disposición pública todas las facturas y los expedientes".