La Audiencia condena a la dirección del colegio investigado en Granada

La Audiencia Provincial de Granada ha condenado a los dos directores del colegio San Isidoro, acusado de un grave fraude por una inspección de la Junta, a rendir cuentas con los socios minoritarios del centro. La cantidad pendiente de distribuir alcanza el millón de euros, según un informe pericial. Además, los hermanos Molina Galdeano desviaron desde 2003 a sus cuentas personales alrededor de 400.000 euros procedentes de la subvención de la Junta, para sufragar cuantiosos lujos.

La sentencia de la Audiencia Provincial de Granada es firme y sanciona con severa contundencia la gestión de los hermanos Antonio y José Manuel Molina Galdeano al frente del colegio concertado San Isidoro: "Los apelantes se desentendieron de rendir cuentas y facilitar los documentos contables cuantas veces fueron requeridos notarialmente". Asimismo, el tribunal censura que ambos directores ignoraran su obligación "ética y legal" de compartir los beneficios generados y subraya la "muy lógica, legítima y elemental condena a rendir cuentas".

El centro, que comenzó a impartir sus clases hace una semana, está pendiente de una resolución de la Consejería de Educación que podría costarle la retirada del concierto tras incurrir en seis faltas graves. Dos informes alertaron de que el colegio infló su número de alumnos y de horas trabajadas por ocho maestros para recibir mayores subvenciones, y permitió que nueve profesores impartieran clases sin contar con la titulación exigida.

La sección Tercera de la Audiencia ha confirmado el pasado 14 de septiembre una sentencia anterior del Juzgado de Primera Instancia 9 de Granada, en favor de la familia Molina Álvarez de Cienfuegos, que reclama la parte correspondiente al 33% de los beneficios del centro sólo durante los ejercicios de 2002 y 2003. La sentencia no especifica la cantidad exacta que debe repartirse y decreta que "se precisará en otro proceso de ejecución", debido a que no es posible acreditar los estados contables y resultados anuales. Un informe pericial encargado por la parte demandante de la familia que gestiona el centro estima que esta cantidad pendiente de reparto asciende a 959.170 euros.

Ambos directores del centro presentaron alegaciones a la primera sentencia, las cuales la Audiencia ahora ha criticado: "Ambos atacan los dos pronunciamientos que le son adversos, aunque a costa de diseccionar cada párrafo de la sentencia, tergiversar su sentido y atacar las conclusiones probatorias". A continuación, la sentencia abunda en el intento porque el dinero no resulte compensado: "Han tratado de impedirlo y lo siguen haciendo... con toda clase de pretextos y reticencias... y vienen a alegar hasta la irritación".

Al margen de la sentencia, las irregularidades financieras de los directores han sido numerosas durante los últimos años. La Junta ha otorgado al colegio una subvención anual en torno a los 140.000 euros. Desde 2003, las transferencias que la Consejería de Educación efectuó a la cuenta de la comunidad de bienes fueron puntualmente desviadas a las cuentas personales de ambos directores hasta completar unos 400.000 euros. Debido a esta irregularidad, el Banco Popular bloqueó dichas operaciones un tiempo hasta que comenzaron a recibir el dinero a través de una cuenta corriente de Bankinter. Entre las facturas más llamativas figura una de 10.765 euros para un equipo de televisión de lujo instalado en el domicilio de uno de los directores, según refleja el auditor.