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Reportaje:

"Más vueltas que un trompo"

La ley de la RTVA que permitirá elegir al director general por el Parlamento se debate hoy

Lourdes Lucio

El pleno del Parlamento acoge hoy el debate a la totalidad de la nueva ley de la Radio y Televisión de Andalucía (RTVA), cuya principal novedad es la elección por mayoría cualificada del director general.

Esta norma llega a la Cámara cuando apenas quedan cuatro meses de legislatura -el presidente de la Junta tiene previsto disolver el Parlamento a mediados de enero-, pese a ser una de las primeras comprometidas por Manuel Chaves en su debate de investidura el 20 de abril de 2004.

Los tambores de la batalla electoral de marzo no van a facilitar un acuerdo entre los grupos para la designación parlamentaria del alto ejecutivo antes del fin del mandato, como se comprometió Chaves. En el PSOE esta misión se aventura "difícil, pero no descartable".

"Esta ley ha dado más vueltas que un trompo", admitió el consejero de la Presidencia, Gaspar Zarrías, cuando a finales de junio presentó el segundo anteproyecto de reforma de la RTVA.

Los socialistas andaluces nunca han querido figurar en la vanguardia de la desgubernamentalización de la televisión pública. El PSOE andaluz no incluyó en su programa electoral de 2004 la elección del director general de la RTVA por el Parlamento y siempre vinculó este paso a que también se diera en el Congreso en relación con la RTVE, con el argumento de que no era bueno el "desarme unilateral" como reconoció el propio Zarrías.

El triunfo contra pronóstico de José Luis Rodríguez Zapatero en las elecciones de 2004 actuó de acicate para que Chaves se comprometiera a presentar una nueva ley en el Parlamento, pero la voluntad política del Gobierno andaluz ha quedado en entredicho durante este tiempo.

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En septiembre de 2004 el Ejecutivo registró en la Cámara un proyecto de reforma que durmió en los cajones parlamentarios durante más de 22 meses hasta que el propio Gobierno decidió retirarla y presentar un nuevo texto.

Este es el que se debate hoy. La ley contempla la elección del director general -paso que algunos consideran fundamental para una televisión pública plural- por dos tercios (73 diputados de 109). Pero si en primera votación no sale, será elegido por tres quintos (66 diputados). Para evitar bloqueos políticos, en la disposición transitoria primera se dice que si transcurrido un mes no es posible tampoco esta suma la elección será por mayoría absoluta. Esta directriz sólo regirá para la primera votación. Sólo en el primer caso sería necesario, con la actual composición de la Cámara, el concurso del PP, mientras que en el segundo el PSOE podría pactar con IU y/o PA y en el tercero, con ninguno.

En la decepcionante enmienda a la totalidad presentada por el PP -no propone un modelo alternativo de televisión pública- se afirma que este sistema "es volver a jugar sucio en el proceso de elección" y "a la imposición" del grupo socialista para dar cobertura a una televisión de "partido único, garantizando la manipulación y un intervencionismo diario partidista y político".

Los socialistas confían en que la ley vea luz a principios de diciembre.

Escasos precedentes

La mayoría de las televisiones autonómicas no eligen al director general por el Parlamento, sino que son los gobiernos los que deciden. Hay dos excepciones: en Extremadura se establece una mayoría cualificada de tres quintos, mientras que en el País Vasco la elección sólo requiere mayoría absoluta.

La ley de reforma de la RTVE también deja en manos del Congreso la elección del presidente de la Corporación por dos tercios y establece, como ha hecho la andaluza, que si transcurridos dos meses no es posible el acuerdo, la elección se hará por mayoría absoluta. El acuerdo entre PSOE y PP ha evitado la utilización de esta cláusula que sólo rige para la primera ocasión.

La norma andaluza establece un mandato de seis años para el director general, renovable una sola vez. También los miembros del consejo de administración (15 en vez de los 12 actuales) deberán ser elegidos por tres quintos por un único mandato de seis años. La ley pretende una cierta profesionalización de los consejeros. En la actualidad, éstos (salvo una excepción) son miembros de los partidos remunerados con dinero público.

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