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El Gobierno retrasa el pago del canon a ACM e insiste en el Consorcio

Barberá y el Consell usan un ente público para abonar su parte a la empresa de la Copa

Sara Velert

El Gobierno ha retrasado el pago del primer plazo del canon a la empresa America's Cup Management (ACM) e insiste en que sólo puede realizarse a través del nuevo Consorcio Valencia 2009, que aún no se ha creado ante la falta de acuerdo con las administraciones valencianas del PP. La alcaldesa, Rita Barberá, anunció ayer el abono de la parte del canon del Consistorio y el Consell a través de una sociedad pública en el plazo previsto, que expiraba ayer.

El enfrentamiento del Ayuntamiento y del Consell con el Gobierno a cuenta de la constitución del Consorcio Valencia 2009 para la Copa del América empieza a afectar a los compromisos con ACM. El contrato de las tres administraciones con la empresa se firmó el 4 de septiembre y prevé el pago de la primera parte del canon a los 15 días de la rúbrica. Un plazo que se cumplía ayer si se cuentan como hábiles los días de los fines de semana, y que han barajado las tres administraciones como límite para un acuerdo sobre el consorcio, organismo que debía hacer frente al compromiso. Así echaron la cuenta el Ayuntamiento y el Consell, que ayer anunciaron que habían pagado su parte a través de una sociedad pública participada por ambos.

El Gobierno, en cambio, no ingresó su primera aportación e insistió en que el pago de las tres administraciones sólo puede tramitarlo el consorcio, ya que así lo exige el contrato con ACM. Sobre el plazo de 15 días, fuentes gubernamentales consideran ahora que puede "flexibilizarse", pero no especificaron hasta cuándo. El Consejo de Ministros aprobó los estatutos del nuevo consorcio el 7 de septiembre con el argumento de que no podía retrasarlo más si quería cumplir a tiempo con ACM.

Los estatutos prevén una presidencia rotatoria del organismo que rechazan el Ayuntamiento y el Consell. Su negativa a crear el consorcio y negociar después cambios en el funcionamiento ha desembocado en el abono del canon por separado y en distintas fechas. El Gobierno advirtió al Ayuntamiento y al Consell que el desembolso del canon fuera de esa entidad exigiría un 16% de IVA, una obligación que el PP ha sorteado al recurrir a una sociedad pública. Barberá aseguró ayer que sus informes jurídicos avalan el pago a través de Valencia Estrategia, Promoción e Imagen, participada por el Ayuntamiento y la Generalitat. Con una "encomienda de gestión" que no deriva en "una cesión de derechos y obligaciones", insistió Barberá, las instituciones del PP anunciaron el pago a ACM de 22,5 millones de euros, de los que recuperarán 10,08 millones en concepto de IVA. Un impuesto que se reingresaría en una sociedad ajena a la Copa. Con esta "fórmula", como definió la alcaldesa la pirueta fiscal, el problema queda a su juicio "resuelto".

No lo cree así el grupo socialista. La concejal Ana Botella aseguró que "tal y como está planteada, la encomienda de gestión no cumple los requisitos de legalidad", entre otros motivos, porque la ley exige que se publique en los diarios oficiales. La edil apuntó, además, que la sociedad elegida para el pago no es propiamente pública, ya que la forman dos entes dependientes de la Generalitat y el Ayuntamiento, no las administraciones. La operación es jurídica y fiscalmente cuestionable, indicó Botella.

Fuentes gubernamentales también consideraron cuanto menos irregular y poco seria la fórmula ideada por el PP para pagar el canon. Otras fuentes conocedoras de la operación incluso pusieron en duda que ACM cobrara ayer, a lo que el Ayuntamiento respondió que tiene el recibo de la transferencia.

Barberá consideró ayer llegado "el momento de volver a hablar, desde el principio". Una propuesta que, en realidad, es de nuevo una exigencia al Ejecutivo de que retire los estatutos del consorcio.

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Sobre la firma

Sara Velert
Redactora de Internacional. Trabaja en EL PAÍS desde 1993, donde ha pasado también por la sección de Última Hora y ha cubierto en Valencia la información municipal, de medio ambiente y tribunales. Es licenciada en Geografía e Historia y Máster de Periodismo UAM-EL PAÍS, de cuya escuela ha sido profesora de redacción.

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