El fiscal se opone a imputar a los cargos del PP por Gescartera

El fiscal del caso Gescartera, Vicente González Mota, instó ayer al tribunal a que rechace la imputación del ex secretario de Estado de Hacienda Enrique Giménez-Reyna; la ex presidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) Pilar Valiente, y el vicepresidente Luis Ramallo, es decir, los cargos del Gobierno del PP que tuvieron la responsabilidad de supervisar la actuación de Gescartera y que no detectaron las irregularidades en su actuación ni su vaciamiento patrimonial.

El fiscal explicó que no es que haya un sobreseimiento tácito respecto de esas personas, como alegan algunas acusaciones, sino que la imputación ya fue planteada en la instrucción y fue denegada por la juez Teresa Palacios. El recurso correspondiente contra su decisión también fue rechazado por la Sección Tercera de lo Penal de la Audiencia, en diciembre de 2005. Ese tribunal consideró entonces que no había indicios de la participación de los citados cargos del PP en el delito de fraude cometido en Gescartera y añadió que si la conducta de los directivos de la CNMV hubiera sido delictiva, ese delito no sería el fraude investigado y por tanto no sería competencia de la Audiencia Nacional.

El fiscal señaló que, a la vista de lo dicho, la imputación de estas personas no está pendiente de resolver como pretenden algunas acusaciones. "Esas personas no han sido imputadas y además no han sido oídas, por lo que no puede haber juicio contra quien no está imputado", concluyó.

Rechazo de las nulidades

González Mota mantuvo su acusación contra Caja Madrid como responsable civil subsidiario, por entender que su situación es diferente de la de otras entidades bancarias, como Deutsche Bank, Bankinter o HSBC, que han quedado excluidos del proceso, porque aunque su conducta -abrir cuentas a clientes de Gescartera sin que éstos lo supieran- fue similar, Caja Madrid suscribió los contratos con Gescartera con posterioridad a la orden ministerial de 7 de octubre de 1999. Para el fiscal, ese detalle supone una infracción reglamentaria que determina que Caja Madrid tenga que afrontar la responsabilidad correspondiente.

El juicio se reanudará el lunes, después de que el tribunal resuelva las cuestiones previas planteadas. No obstante, es evidente que los magistrados tienen decidido rechazar todas las cuestiones que suponen la nulidad de las actuaciones o suspensión del juicio. Y ello es así, puesto que la presidenta del tribunal, Carmen Paloma González Pastor tuvo un lapsus y anunció que la vista se reanudaría el lunes con el interrogatorio del principal implicado, Antonio Camacho.

La magistrada regañó a los abogados que habían pedido que sus clientes quedaran excusados de asistir al juicio, ya que en el procedimiento abreviado es obligada la asistencia.

El fiscal informó en la vista que el juez Fernando Grande-Marlaska había embargado ya un chalet de lujo adquirido por 1,2 millones de euros en 2006 por Camacho, un piso y una plaza de garaje.