El juicio de Gescartera se inicia hoy con 4.000 afectados y 14 acusados

El juicio del caso Gescartera, el mayor escándalo financiero bajo Gobiernos del PP, arranca hoy en la Audiencia Nacional sin que, hoy por hoy, después de seis años de investigación, se sepa el destino exacto de los 50,2 millones de euros (8.356.069.397 pesetas) que los 14 acusados detrajeron en su beneficio de los fondos que invirtieron unos 4.000 clientes en la agencia de valores. La fiscalía pide 11 años de cárcel para los tres principales acusados por apropiación indebida y falsedad.

La vista oral arranca en la sala de vistas de la Audiencia Nacional de la Casa de Campo, en cuyo banquillo se sentarán los 14 acusados. Un total de 46 acusaciones se han personado en la causa, en la que la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal también tendrá que decidir sobre la responsabilidad civil subsidiaria de La Caixa (por valor de 26,3 millones de euros) y Caja Madrid Bolsa SVB SA.

La sociedad Gescartera, creada por Antonio Rafael Camacho (principal acusado), fue intervenida el 14 de junio de 2001, tras descubrir la Comisión Nacional del Mercado de Valores que la agencia estaba efectuando operaciones falsas con los fondos que supuestamente habían aportado los clientes.

Los responsables de la entidad habían montado un sistema para ocultar a los organismos reguladores toda la operativa de Gescartera. La fiscalía estima que "los acusados crearon o desarrollaron una actividad claramente dirigida a lucrarse, defraudando a sus clientes", con el fin de "hacer suyo el dinero o valores entregados por aquéllos". El método era "un carrusel o cadena sin fin defraudatoria", de manera que con las inversiones de un cliente se cubrían las desinversiones o beneficios que supuestamente obtenían otros.

En realidad, "el dinero no se invertía sino que se usaba para mantener en funcionamiento a Gescartera y ocultar el irregular destino y apropiación de fondos que hacían los acusados". Para ello, se simulaban operaciones de compra y venta de acciones, de forma que finalmente los valores seguían en el mercado y sólo se pagaban las comisiones que generaban las inversiones cruzadas.

Pero las operaciones sí generaban una documentación contable, bancaria y de valores que servía para justificar ante clientes y los órganos reguladores la supuesta actividad de Gescartera. Para este fin de crear documentos justificativos, supuestamente colaboraron empleados y directivos de La Caixa y Caja Madrid.

La fiscalía pide un total de 96 años de cárcel para los 14 acusados, especialmente para Camacho, José María Ruiz de la Serna y Aníbal Sardón (11 años para cada uno), considerados los principales responsables y beneficiarios de la defraudación. Entre los acusados se encuentra María Pilar Giménez-Reyna, hermana de Enrique Giménez-Reyna, quien fue secretario de Estado de Hacienda. Sobre éste, no obstante, la fiscalía aclara que no consta que realizase actuaciones en favor de Gescartera ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores.